DERECHO PENAL PARA EL AMIGO

DERECHO PENAL PARA EL AMIGO
ALBERTO POVEDA PERDOMO

Saturday, May 01, 2010

CAMINO A LA JUSTICIA. Presentacion de la investigación “CAPTURAS MASIVAS EN EL HUILA: ¿ESTRATEGIA DE POLÍTICA DE SEGURIDAD DEMOCRÁTICA?, ¿PRÁCTICA RAZONABLE Y EFICAZ?”, escrito por el profesor ALBERTO POVEDA PERDOMO

CAMINO A LA JUSTICIA

Por ALBERTO POVEDA PERDOMO


Hace unos pocos años los grupos guerrilleros implementaron unas acciones violentas, que implicaban la realización de retenes en las diferentes vías nacionales, con el propósito de secuestrar ciudadanos inermes y, luego, obtener dividendos económicos a cuenta de la libertad de los retenidos. Pesca milagrosa fue el nombre dado a tal práctica. Las primicias de los informativos radiales y televisivos así como los titulares de los periódicos dieron cuenta en forma permanentemente de tales hechos y destacaron las personas que cayeron en las pescas.

El Gobierno de la Seguridad Democrática, en desarrollo de lo que teóricamente se denomina derecho penal del enemigo , entre las estrategias que concibió para enfrentar a los grupos armados ilegales, implementó una especie de pesca milagrosa mediante el procedimiento de las capturas masivas, las cuales se desarrollaron en diferentes lugares del país, teniendo una especial incidencia en el medio social y judicial del Departamento del Huila.

Tales procedimientos constituyeron paradigma de la violación sistemática de los derechos fundamentales de los ciudadanos, pero no solo ello, también se erigieron en prototipo de la ilegalidad de los procedimientos policivos y judiciales. Lo primero porque los procedimientos de captura fueron ilegales en la gran mayoría de los casos, en los “operativos judiciales” (si así es que se pueden denominar las acciones que ejecutan las autoridades de policía judicial bajo ordenes y supervisión de autoridades militares) participaron civiles que aleatoriamente señalaban como rebeldes a miembros de la comunidad avasallada con la presencia de la autoridad, y sin mas se les privaba de la libertad: lo segundo, porque los operadores judiciales, fundamentalmente fiscales delegados especializados, fueron sordos, ciegos y mudos ante tamañas aberraciones, y actuando de manera contraria al buen juicio, es decir, procediendo sin autonomía, independencia e imparcialidad, como era su deber pues primero y antes que todo debían defender la Constitución que juraron respetar cuando asumieron sus cargos, no solamente legalizaron las capturas sino que profirieron en casi todos los casos medidas de aseguramiento y luego resoluciones de acusación, todo lo cual fue develado ante los jueces de conocimiento, quienes en la gran mayoría de los procesos profirieron sentencias absolutorias.

Lo que se acaba de señalar aparece demostrado en el proyecto de investigación titulado “CAPTURAS MASIVAS EN EL HUILA: ¿ESTRATEGIA DE POLÍTICA DE SEGURIDAD DEMOCRÁTICA?, ¿PRÁCTICA RAZONABLE Y EFICAZ?”, desarrollado por el Semillero de Investigación Dikeius, vinculado al Grupo de investigación Derechos y Derecho del Tercer Milenio de la Facultad de Derecho de la Universidad Surcolombiana, inscrito ante Colciencias.

El trabajo que ahora se publica es fruto de un denodado esfuerzo. Se divide en dos partes cuidadosamente construidas. El Capítulo I está dedicado a la fundamentación teórica. Se resuelven los puntos de partida que sirven para asumir postura en torno a la libertad personal; se sigue con una explicación de los supuestos - circunstancias y condiciones- que permiten su privación de acuerdo a la normativa nacional y los estándares internacionales; enseguida se hace conceptualiza sobre las políticas de seguridad en los Estados modernos y particularmente se analiza la denominada Política de Defensa y Seguridad Ciudadana.

El Capítulo II se ocupa de la descripción geopolítica del Departamento del Huila, se expone el diseño que se le dio al Proyecto de Investigación y se da cuenta de los hallazgos obtenidos, entre los que sobresale la ausencia de razonabilidad en los procedimientos de captura y la falta de sustento tanto en las imputaciones como en las acusaciones criminales que levantó la Fiscalía contra una gran cantidad de ciudadanos indefensos.

El trabajo finaliza con unas conclusiones muy sugestivas que revelan un afán inusitado de las autoridades -policivas, militares y judiciales (especialmente las requirentes )- por presentar ante la opinión pública nacional “positivos” en su lucha contra el crimen organizado, razón por la que las acciones analizadas develan apresuramiento e irracionalidad –arbitrariedad- en el ejercicio del poder. Con todo ello se impactó negativamente la comunidad pues tales acciones produjeron miedo en el conglomerado social y, lo peor, desconfianza frente al proceder de las autoridades públicas.

En tales términos, la presente investigación se convierte en un documento histórico que amalaya sea revisado por las autoridades para que en un futuro no se repita lo que aquí se demuestra, de modo que el proceder de quienes ejercen el poder se ponga en el camino a la justicia, libre de los sustancialismos propios del derecho penal eficientista, distante de las garantías y, con ello, impropio para nuestro modelo de Estado constitucional .


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A pesar de todas las dificultades que perviven en la educación superior, que pasa por la falta o carencia de presupuesto, directivos corruptos, rectores a medio pelo entre la academia y la politiquería, convocatorias amañadas para la provisión de docentes, nóminas paralelas innecesarias y un largo etcétera, el optimismo revive cuando se observa que las personas que constituyen el alma y nervio de los centros académicos, los estudiantes, organizados en semilleros de investigación, desarrollan actividades en las que indagan sobre los problemas del entorno social y reconstruyen fidedignamente la historia reciente de nuestra tan convulsionada como resistente nación.

Con orgullo inocultable debo señalar que la cosecha que se ha obtenido es fruto de una siembra cuidadosa, selectiva, por lo que con gran satisfacción doy mi enhorabuena de bienvenida al mundo de la investigación a todos y cada uno de los miembros del Semillero de Investigación Socio-Jurídica DIKEIUS “camino a la justicia”, quienes con toda la dedicación y gran laboriosidad presentan este importante documento a la comunidad huilense y al mundo académico.

ALBERTO POVEDA PERDOMO
Portal de la Javeriana, Bogotá, enero de 2007.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA CASA FALLO DEL TRIB UNAL DE IBAGUE EN ASUNTO DE CAPTURAS MASIVAS. En la sentencia demandada el Tribunal cometio graves errores en la apreciación de la prueba

Proceso No 29091

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:
JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA
Aprobado Acta No.348


Bogotá D.C., dos (2) de diciembre de dos mil ocho (2008).

VISTOS

Decide la Sala el recurso extraordinario de casación presentado por el defensor de HERMES VALLEJO JIMÉNEZ contra el fallo del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Ibagué (Tolima), que revocó el emitido en el Juzgado Quinto Penal del Circuito de esa ciudad, y en su lugar condenó a éste y a Reinel Torres como autores responsables de la conducta punible de rebelión.


HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL


1. Con base en fotocopias tomadas motu proprio por el Asistente Judicial de la Fiscalía Primera Especializada Destacada ante el Grupo Gaula Tolima, “de la base de datos del grupo “BOLCHEVIQUES DEL LÍBANO” que reposa en ésta oficina”, el 11 de marzo de 2003 la titular del aludido Despacho ordenó abrir indagación previa con el fin de identificar e individualizar a posibles miembros del citado grupo rebelde “que podrían estar inmersos en el punible de CONCIERTO PARA DELINQUIR (SECUESTRAR Y EXTORSIONAR)” cometido “en contra de los pobladores y gentes de bien que se atreven a visitar el Norte del Tolima” .

Con el fin de alcanzar ese cometido ordenó escuchar “en declaración a los subversivos del ELN que se encuentren en el programa de reinserción” y para ello comisionó a “la Unidad Investigativa del Grupo GAULA URBANO apoyados por el Asistente Judicial de esta Delegada, quien es conocedor de todas las investigaciones que se tramitan en contra de integrantes” de la mencionada célula rebelde.

2. Fue así como con base en los resultados expresados en el informe rendido el 17 de mayo de 2003 por dos agentes del Grupo Gaula comisionados para las aludidas diligencias, el 20 del mismo mes la fiscal abrió investigación y ordenó vincular a la misma a (28) veintiocho personas residentes en los municipios de Líbano, Falan, Villahermosa, entre otros, algunas de ellas trabajadoras del respectivo municipio (por ejemplo, el alcalde y el personero de Villahermosa), otras, representantes cívicos de su comunidad (como HERMES VALLEJO JIMÉNEZ), e incluso quien para ese entonces fungía como Obispo del Líbano (Monseñor José Luis Serna Alzate) .

3. En principio, el 22 de mayo de 2003, se obtuvo la captura de diecisiete de esos imputados, a los cuales, una vez escuchados en indagatoria, el 30 de ese mes les fue resuelta provisionalmente la situación jurídica con medida de aseguramiento de detención preventiva por el punible de rebelión, decisión que, apelada por los defensores de algunos implicados, en segunda instancia fue revocada en relación con nueve de ellos .

La aprehensión de HERMES VALLEJO JIMÉNEZ ocurrió en Bogotá el 13 de agosto de 2003, y tras ser escuchado en indagatoria, su situación jurídica provisional fue resuelta el 19 del mismo mes con medida precautelar igual a la impuesta a los otros procesados, por el delito de rebelión, pronunciamiento confirmado el 16 de septiembre siguiente con ocasión del recurso de apelación interpuesto por su apoderado .

4. Mediante resolución de 30 de septiembre de 2003 la fiscal del caso dispuso el cierre parcial de la investigación respecto de HERMES VALLEJO JIMÉNEZ, Reinel Torres, José Alirio Henao Cardona, Yemison Lubin Nieto Guzmán, Julián Moreno Osorio y José Gregorio Liberato Olaya, y el 20 de noviembre de ese año calificó el mérito probatorio del sumario con resolución de acusación contra los cinco primeros, como autores responsables del delito de rebelión, en tanto que a favor del último precluyó la investigación, pliego de cargos que fue confirmado el 30 de enero de 2004 por la Unidad de Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Ibagué .

5. La etapa de la causa se adelantó en el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Ibagué, cuyo titular puso fin a la primera instancia el 26 de octubre de 2004 mediante sentencia a través de la cual absolvió a todos los procesados del delito atribuido en la acusación debido a la falta de idoneidad de las pruebas esgrimidas como sustento de la misma.

A esa decisión llegó el a-quo con base, de una parte, en que en el juicio se aportó copia del pliego de cargos elevado por la Procuraduría General de la Nación contra el Asistente Judicial de la fiscal que ordenó abrir indagación previa y la subsiguiente instrucción, así como contra los dos agentes del Gaula Tolima “comisionados para recibir testimonios a los reinsertados del ELN” que sindicaban a los acusados de pertenecer a la facción de ese grupo rebelde denominada “Bolcheviques de Líbano”, por cuanto esos funcionarios ejercieron presión sobre varios testigos (Nidia Soraya García Díaz, Alejando Martínez Vanegas, y Wilder Malagón Sierra) para hacer imputaciones contra aquellos en tal sentido; y de otra, porque el restante material incriminatorio no permitía concluir la militancia de los encausados en el citado grupo insurgente .

6. Del expresado fallo apeló el Delegado de la Fiscalía General de la Nación, y el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Ibagué mediante el suyo de 25 de julio de 2007 lo revocó únicamente en relación con HERMES VALLEJO JIMÉNEZ y Reinel Torres, pues, aun cuando estimó acertada la decisión de excluir la prueba testimonial tachada por el a-quo como viciada, consideró que otros elementos de convicción comprometían a los precitados en el delito de rebelión y en tal virtud, al hallarlos responsables de esa conducta punible, a cada uno le impuso las penas principales de setenta y dos (72) meses de prisión y multa de cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes, así como la accesoria de inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término de la privativa de la libertad, y les negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria, sentencia de segunda instancia contra la cual los representantes de los condenados interpusieron casación .

7. Como el recurso extraordinario sólo fue sustentado por el defensor de VALLEJO JIMÉNEZ, y el ad-quem no se percató de la omisión de esa carga por parte del otro impugnante, esta Sala, el 20 de febrero del año en curso, lo declaró desierto en cuanto a éste y declaró formalmente ajustada la demanda del primero, acerca de la cual el Delegado de la Procuraduría General de la Nación presentó el concepto de rigor .

LA DEMANDA

1. Con fundamento en la causal tercera de casación (Ley 600 de 2000, artículo 207-3), el actor propone dos cargos pretendiendo la nulidad de la actuación, con base en lo siguiente:

1.1. Alega que la sentencia fue dictada en un juicio viciado de nulidad por reducción sustancial de los términos razonables de instrucción, con detrimento del debido proceso, toda vez que, según el actor, para su representado esa etapa duró un poco más de un mes contado desde el momento en que fue capturado, no obstante que de acuerdo con el artículo 329 de la Ley 600 de 2000, esa fase debía durar veinticuatro meses.

Indica que la fiscalía redujo de manera injustificada y considerable, fuera de toda lógica, el plazo razonable establecido en la norma en cuestión, rompiendo de esa manera la estructura procesal y contrariando garantías contempladas en la Constitución, la ley y los instrumentos internacionales.

Cita como normas vulneradas el artículo 29 de La Carta Fundamental, el 14-b del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como los artículos 6° y 329 del Código de Procedimiento Penal, y 2° del Código Penal.

Solicita, con fundamento en lo anterior, anular todo lo actuado a partir del cierre de la investigación, con el fin de que el enjuiciado pueda preparar y ejercer adecuadamente, en un tiempo razonable, las garantías procesales y el derecho de defensa.

1.2. En segundo término, sostiene que el fallo fue dictado dentro de un proceso viciado de nulidad por desconocimiento del derecho de defensa, toda vez que no se permitió el interrogatorio de los testigos de cargo, ni hubo pronunciamiento acerca de las pruebas solicitadas por la asistencia letrada.

Destaca que entre el 2002 y el 2004 miles de ciudadanos fueron víctimas de capturas masivas en el marco de una política de “seguridad democrática”, mediante la cual se utilizaron entrevistas con “reinsertados” como fundamento probatorio de las privaciones de libertad, lo cual alcanzó inusitada gravedad cuando dichas personas jamás concurrían a declarar en el proceso para ser interrogados por los abogados defensores.

En concreto señala el actor que el fallo condenatorio de segunda instancia contra su prohijado fue fundamentado en los testimonios de Nidia Soraya García, Beatriz Eugenia Díaz Alarcón y Huber Alberto Núñez Paz, en relación con los cuales, al momento de interponer el recurso de reposición contra el cierre de investigación, solicitó fueran llamados nuevamente a declarar para ser interrogados, pero al no prosperar la impugnación, se impidió de forma definitiva esa oportunidad.

Precisa que el derecho a interrogar los testigos de cargo no depende del albedrío de los operadores judiciales, sino que es una obligación del Estado hacer eficaz dicho derecho, salvo que obren poderosas razones o motivos de fuerza mayor que lo impidan.

Invoca como normas vulneradas el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el 29 de la Constitución Política, el 8°, 9° y 13 del Código de Procedimiento Penal, y el 2° del Código Penal.

Concluye indicando que se desconocieron los preceptos legales citados, al no permitir en la práctica el interrogatorio de los testigos de cargo, en un proceso basado precisamente en prueba testimonial, por lo que aquél mecanismo de contradicción era el mejor y mas idóneo para el desarrollo del derecho de defensa.
De acuerdo con lo anterior solicita decretar la nulidad desde el cierre de la investigación, con el fin de que se puedan corregir los anunciados yerros.

2. En forma subsidiara, con estribo en la causal primera de casación, cuerpo segundo (Ley 600 de 2000, artículo 207-1), sostiene el demandante la violación indirecta de la ley sustancial como consecuencia de diferentes errores en la apreciación de las pruebas, determinantes de la condena en segunda instancia por el delito de rebelión.

2.1. Sostiene que el Tribunal incurrió en falso juicio de existencia por cuanto omitió valorar los siguientes elementos de convicción:

La queja presentada por Myriam Consuelo Franco, representante legal de una menor, a quien el testigo Huber Núñez, difamó públicamente con imputaciones de haberse practicado un aborto; el acta de conciliación, y la providencia que la aprueba ante el Fiscal Local 62, con base en la cual se dio por terminada la acción penal por el delito de calumnia; y las declaraciones rendidas ante el Notario de Villahermosa, en la que los parientes del acusado dan cuenta de la animadversión de Núñez Paz contra éste, por el hecho que sus pretensiones amorosas hacia una joven familiar de aquellos no fueron aceptadas.

Las actas de acuerdos suscritos entre el Gobierno Nacional y Departamental, y el movimiento campesino, como resultado de las marchas en reclamo de sus derechos, en las que consta que actuó como vocero y representante HERMES VALLEJO JIMÉNEZ; y las declaraciones de Pedro Antonio Varón Gutiérrez, Eugenio Corredor Hernández y Linderman López Orozco (exalcalde de Villahermosa), entre otros, quienes dan cuenta de las calidades personales del acusado y de su condición de dirigente campesino.

Indica que la valoración de las mencionadas pruebas era trascendente, pues con el primer grupo se demuestra que el testigo Huber Núñez era una persona problemática y calumniadora, y los motivos de rencor que tenía para con los miembros de la familia VALLEJO, lo cual lo determinó a servir como testigo contra el acusado y sus hermanos.

En cuanto a los otros elementos de convicción precisa que éstos demuestran que en efecto el acusado era reconocido como un dirigente campesino y no como un subversivo, y que fue representante y vocero de los caficultores ante el gobierno departamental y nacional.

Precisa que al dejar de valorar el ad-quem los referidos elementos de persuasión, desconoció circunstancias fácticas que le restaban credibilidad a la declaración del testigo considerado como clave y definitivo Huber Núñez.

2.2. Denuncia igualmente el actor un “falso raciocinio” debido a que el Tribunal no tuvo en cuenta que el proceso tuvo su origen en una actividad ilegal por parte de los funcionarios que realizaron las diligencias previas así como las primeras diligencias en la etapa propiamente instructiva, pues está acreditado que los investigadores del GAULA y un empleado de la fiscalía, manipularon pruebas, prometiendo agilizar certificaciones de reinserción con el fin de que Nidia Soraya García, Alejandro Martínez y Wilder Malagón, entre otros, declararan contra varias personas señalándolas de ser miembros de la guerrilla sin ser ello cierto, circunstancia por la que incluso la Procuraduría General de la Nación les elevó pliego de cargos a los aludidos funcionarios.

Acerca de la declaración de Beatriz Eugenia Díaz Alarcón, sostiene que la primera referencia de esta señora contra el acusado aparece en una entrevista ante el Batallón Patriotas, fotocopiada para dar inicio a la indagación preliminar, además que dicho elemento de convicción no fue puesto de presente al acusado cuando rindió indagatoria, ni valorado al resolverle la situación jurídica, ni como fundamento del pliego de cargos, mas; sin embargo, el fallador de segundo grado sacó a relucir los señalamientos de aquella para fortalecer el testimonio de Nuñez Paz, desconociendo la manifiesta ilegalidad del aludido elemento probatorio.

2.3. Cuestiona el censor la apreciación del testigo de cargos Nuñez Paz, por el hecho de que no se percató el Tribunal que la declaración de éste, reputada como pura y sin coacción, en realidad no puede ser vista así, pues en su contexto quedó evidencia con las propias palabras del citado declarante que tuvo acceso a la información o informes de inteligencia de la Policía, del DAS, y del Ejercito Nacional, lo cual le hace perder la connotación de testigo desinteresado y creíble.

Resalta que tampoco tuvo en cuenta el juez de segundo grado que el propio Huber Nuñez reconoció en su declaración que tenía motivos de enemistad con su prohijado, porque éste no le quiso colaborar en sacar del hospital municipal de Villahermosa al médico gerente con el que aquél tenía serias diferencias, debido a las quejas que el galeno había elevado por las irregularidades cometidas por él como enfermero al servicio del centro asistencial.

2.4. Concluye el libelista indicando que una lectura medianamente cuidadosa del expediente y un apropiado análisis probatorio, tenían necesariamente que llevar al juzgador de segunda instancia a admitir la inocencia del acusado, declarada en el fallo de primer grado.

No haber realizado, sostiene el actor, el juicioso y riguroso estudio probatorio, llevó al ad-quem a desconocer que debía absolver, o al menos a declarar la existencia de la duda, y por consiguiente abordar el inevitable camino de aplicar el principio de in dubio pro reo, con iguales efectos.


CONCEPTO DE LA PROCURADURÍA


1. El Procurador Cuarto Delegado para la Casación Penal, acerca de los cargos por nulidad, luego de indicar que ninguno satisface los requisitos de adecuada proposición y desarrollo, precisa que los dos reproches no tienen vocación de prosperidad.

1.1. Respecto del primer vicio enervante alegado, indica que no le asiste razón, no sólo por las inconsistencias en las que incurre, sino también porque no es cierto que en el caso se presente la llamada reducción injustificada del plazo razonable establecido en la ley para la etapa instructiva, por lo que no existe quebranto del debido proceso.

En concreto señala que no es de recibo la lectura que hace el demandante del artículo 329 de la Ley 600 de 2000, porque tal norma debe ponerse en consonancia con los artículos 331 y 393 del mismo estatuto, y así comprender que la instrucción como etapa procesal tiene finalidades específicas que una vez logradas imponen su cierre, el cual en ningún caso pude superar el tiempo máximo fijado para su duración.

Agrega que ese plazo es fijado por el legislador como una garantía procesal para el ciudadano a quien no se le puede someter a investigaciones penales perpetuas, o por lo menos intemporales, es decir que no es un término exacto de duración que permita a la defensa utilizar formas dilatorias dentro de la investigación.

El Delegado hace énfasis en que la instrucción del proceso, en el caso concreto, tuvo una duración superior a cinco meses, y que la presencia del procesado y su defensa se verificó durante los dos últimos meses, tiempo en el que la Fiscalía estableció las condiciones para proceder a la calificación, y que sólo al momento de oponerse al cierre de la investigación la defensa del acusado entregó documentos para que obraran como pruebas y advirtió su pretensión de que se practicaran otras, las cuales perfectamente podían solicitarse en el juicio, como efectivamente ocurrió.

1.2. Acerca del segundo reproche indica el Delegado que el derecho a contrainterrogar los testigos es una de las formas de contradecir la prueba, pero no la única, ya que también puede acudirse al ejercicio de la crítica probatoria.

Señala que en el presente evento como el instructor no accedió a revocar la resolución de cierre, no hizo pronunciamiento acerca de la solicitud de pruebas, por lo que le parece insólita la afirmación del recurrente de que constituye motivo de nulidad el que no se le hubiese dado respuesta a la petición probatoria, puesto que en ese momento ésta era extemporánea.

Agrega que el censor omitió lo sucedido en el juicio, durante la audiencia preparatoria, actuación en la que solicitó la nulidad del cierre de investigación por la misma circunstancia ahora debatida, y el a-quo negó aquella pretensión, pero aceptó las demandas probatorias, incluso las expuestas al impugnar la resolución de clausura.

Finalmente reitera que en el sistema de la Ley 600 de 2000 la controversia probatoria no se satisface solamente con la posibilidad de interrogar al testigo, sino que ella se cumple también con la comparación de la prueba con otras, con su crítica racional para revisar el soporte lógico, histórico de las afirmaciones, las motivaciones del testigo, así como otras circunstancias que deben ser tenidas en cuenta para establecer su veracidad, sin que se observe que en este caso se haya presentado en verdad violación al derecho de defensa.

2. Acerca de los reproches fundados en la causal primera de casación cuerpo segundo, indica el agente del Ministerio Público que el censor no cumplió con los lineamientos lógicos que exige esta causal de impugnación en las distintas modalidades invocadas, limitándose simplemente a realizar un alegato de instancia, en el cual censura que el Tribunal no haya absuelto a su asistido del cargo por el que se le juzgó.

Precisa que la total ausencia de rigor en la censura lo lleva a plantear, de manera contradictoria a su inicial postura, que en últimas la cuestión se limita a la aplicación del in dubio pro reo, por cuanto al juzgador se le imponía aceptar la existencia razonable y manifiesta de la duda partiendo de las pruebas obrantes, cuando lo cierto fue que el Tribunal nunca se planteó la duda en su apreciación probatoria, por el contrario construyó sus conclusiones en forma racional explicando el por qué de las mismas, motivo por el que los cargos propuestos deben ser desestimados.

Solicita, en conclusión, el Delegado de la Procuraduría no casar la sentencia impugnada.


CONSIDERACIONES DE LA CORTE


1. DE LA NULIDAD.

1.1. El primer cargo que al amparo de la causal tercera de casación propone el demandante está vinculado a un supuesto vicio de estructura, es decir, por desconocimiento del debido proceso, por cuanto el censor estima que el término de la instrucción no se prolongó el tiempo previsto en el artículo 329 de la Ley 600 de 2000, plazo que, en su sentir, era necesario agotar a favor de su prohijado por ser ese el “tiempo razonable, adecuado y suficiente para que ejerciera las garantías procesales”, así como el derecho de contradicción de los elementos de prueba allegados en su contra antes de que fuera vinculado a la investigación.

1.1.1. De acuerdo con la Convención Americana de Derechos Humanos, toda persona inculpada de un delito, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, tiene derecho a la concesión del “tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa” (artículo 8-2, c); en igual sentido el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos consagra que quien sea acusado de un delito, durante el proceso tendrá derecho, en plena igualdad, a “disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y a comunicarse con un defensor de su elección”(artículo 14-3, b).

El texto de los citados preceptos permite advertir que estos instrumentos internacionales consagran dentro de una misma categoría un derecho inherente al procesado, que no puede ser desconocido, en principio, por el legislador, pues las leyes de procedimiento penal acataran debidamente esa garantía cuando en el diseño del respectivo los plazos que se confieran al imputado y a su defensor para solicitar y allegar pruebas, interponer recursos, o presentar alegatos, sean de un término objetivamente adecuado como para que esas tareas se realicen eficazmente.

Lo anterior porque enfrentar los descargos de una imputación penal implica de suyo una labor que requiere del tiempo necesario e indispensable para efectuar investigaciones, individualizar y recoger pruebas, diálogos entre el imputado y su abogado, preparar actuaciones en las que se consignen los argumentos y fundamentos de la posición defensiva, etc., fines para los que es menester tomar en consideración la importancia, naturaleza y características del acto procesal o de la diligencia que la defensa tanto técnica como material tiene derecho a realizar.

Ahora bien, esa prerrogativa entronca y se complementa con el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, igualmente contemplado en los tratados internacionales; así, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos señala que “Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal… tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable …” (artículo 9-3), reiterando más adelante que quien sea acusado de un delito tiene derecho “A ser juzgada sin dilaciones injustificadas” (artículo 14-3, c).

En el mismo sentido la Convención Americana de Derechos Humanos indica que “Toda persona detenida o retenida…tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable…” (artículo 7-5) y, a su vez, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre prevé que “Todo individuo que haya sido privado de su libertad tiene derecho a que el juez verifique sin demora la medida y a ser juzgado sin dilación injustificada…” (artículo XXV).

Éste derecho, que es inherente a toda persona sometida a un asunto penal, así no se encuentre privada de la libertad en razón del mismo, implica que dentro de un plazo razonable el Estado, a través del órgano jurisdiccional, debe decidir en forma definitiva, célere, es decir, sin dilaciones indebidas, su situación frente a la ley y la sociedad, pues uno de los pilares fundamentales del debido proceso se basa en la rapidez en la sustanciación de las causas, incluso las que no son de naturaleza criminal, ya que sin ese componente no puede existir eficacia y seguridad jurídica ni, por ende, justicia.

1.1.2. En el ordenamiento interno, no cabe duda, las garantías previstas en los aludidos instrumentos internacionales, tienen cabida a partir de la Constitución Política, cuando en su artículo 29, al consagrar en sentido amplio el debido proceso, señaló:

“Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho”.

Bajo la sistemática procesal que gobernó el desarrollo de este asunto, esto es, en la de la Ley 600 de 2000, el legislador fue cuidadoso en el señalamiento de unos plazos que brindan protección de los derechos fundamentales en comento, garantizando que el procesado y su defensa cuenten con el tiempo y las oportunidades necesarias para tener el conocimiento de la investigación, conocer las pruebas de cargo y solicitar las favorables a sus intereses, ejercer el derecho de contradicción, realizar planteamientos defensivos, interponer recursos, etc.

Concretamente para la etapa de investigación previa señala el citado ordenamiento un plazo máximo de seis (6) meses (artículo 325), y para la de instrucción un término de dieciocho (18) meses contados a partir de la fecha de su iniciación, lapso que se extiende a veinticuatro (24) meses en aquellos eventos en que sean tres (3) o más los sindicados o los delitos por los que se procede (artículo 329).

Por su parte, el artículo 393 de la misma codificación adjetiva señala que “Cuando se haya recaudado la prueba necesaria para calificar o vencido el término de instrucción, mediante providencia de sustanciación que se notificará personalmente, la cual solo admite recurso de reposición, se declarará cerrada la investigación…”.

Estas disposiciones, en particular las que reglamentan la duración de la etapa instructiva, consultan con las garantías superiores aludidas dentro del sistema procesal con tendencia acusatoria imperante bajo la aludida normatividad, pues la fiscalía, tal y como ya lo ha puntualizado la Sala , debe desarrollar la averiguación sólo en la medida que le permita obtener la prueba necesaria para acusar ante los jueces o precluir la investigación, sin que le resulte indispensable agotar el término de duración de esa fase, y menos todo el acopio probatorio, el cual, con mayor importancia, puede dejarse para la etapa del juicio donde la inmediación y las posibilidades de contradicción materializan su esencia.

Es que la ley, como también lo ha precisado la Corte , no establece un término mínimo para terminar o cerrar la etapa instructiva, sino que la supedita a que se haya recaudado la prueba necesaria para calificar, de suerte que, con independencia del lapso transcurrido (siempre que no alcance el establecido por la ley como tiempo máximo de duración de la etapa sumarial), si el instructor estima que el requisito probatorio para calificar se cumple y cierra la investigación, simplemente realiza un acto procesal autorizado por el ordenamiento jurídico.

1.1.3. En el asunto examinado la Fiscalía General de la Nación, tras una investigación previa que se desarrolló entre el 11 de marzo y el 20 de mayo de 2003 (dos meses y nueve días), en la fecha últimamente citada dispuso la apertura de la investigación y la captura de varias personas señaladas de estar incursas en el delito de rebelión, entre ellas la de HERMES VALLEJO JIMENEZ, y mediante auto de sustanciación de 30 de septiembre del mismo año (cuatro meses y diez días) clausuró parcialmente el ciclo instructivo, al estimar que con los elementos probatorios acopiados en las señaladas dos etapas era susceptible calificar el mérito del sumario.

Cabe destacar que durante ese periodo, el 13 de agosto de 2003, se produjo la captura del citado procesado y se le vinculó inmediatamente a través de indagatoria, momento a partir del cual, junto con su defensor, conoció el acervo probatorio, y por intermedio de la asistencia letrada obtuvo copias de la actuación, impugnó la resolución del 19 de agosto siguiente con la que le fue resuelta su situación jurídica provisional, así como la del 30 de septiembre que ordenó el cierre de la investigación, presentando conjuntamente en esa oportunidad solicitud de pruebas, y luego de que le fuera denegada la reposición contra el auto de clausura, contó con tiempo y oportunidad de allegar los respectivos alegatos precalificatorios.

El hecho de que todos los referidos actos procesales se hubiesen cumplido dentro de un tiempo relativamente corto, no traduce el quebranto de la garantía a contar con el tiempo y los medios para la preparación de la defensa, como equivocadamente lo entiende el demandante, pues resulta palmario, con base en la anterior recapitulación, que el procesado conoció oportunamente de la imputación, tuvo tiempo de consultar la estrategia defensiva con su abogado de confianza, y se le garantizó el ejercicio de contradicción de las pruebas de cargo acopiadas durante esa primera etapa, lo cual no solo se hace allegando las que se estime conducentes para favorecer la situación, sino, también, cuestionando aquéllas mediante el ejercicio de los recursos de ley contra las decisiones adversas que las esgrimen como su fundamento.

Tampoco resulta acertada la alegada violación de lo normado en el artículo 329 de la Ley 600 de 2000, precepto que en manera alguna consagra la obligación de extender la investigación hasta el lapso máximo allí previsto, como lo cree el censor, sino que, por el contrario, constituye desarrollo del derecho fundamental a un debido proceso sin dilaciones injustificadas o, en este caso, a no ser sometido a investigaciones penales perpetuas o intemporales.

En efecto, lo pretendido con los límites temporales para el despliegue de la actividad investigativa del Estado, en la cual debe cumplir con la obligación de la carga de la prueba, no tiene un sentido distinto al de procurar un razonable ejercicio del poder punitivo a efectos de no generar situaciones indefinidas cuando está de por medio la situación legal de una persona a la que se le imputa la comisión de un delito, por lo que, de cumplirse con tales objetivos antes del tiempo previsto, lo que procede es darle entera aplicación a lo estatuido en el artículo 393 de la Ley 600 de 2000.

No puede entenderse que al disponer el artículo 329 de la citada Ley Procesal Penal un término máximo de dieciocho (18) o veinticuatro (24) meses, según sea el caso, para adelantar la investigación, esté fijando la imposición de su fatal agotamiento para que sea factible cerrar la investigación, sino que, igual a como sucede en el evento del recaudo de la prueba necesaria para finiquitarla, aquí también el Estado prevé un límite garantista para evitar al máximo la indefinición en la formulación de cargos al incriminado, si hay lugar a ello, o en su defecto, para que se proceda a emitir resolución de preclusión de la instrucción.

Lo anterior es suficiente para afirmar la improsperidad del cargo.

1.2. Al abrigo de la misma causal, propuso también el libelista la nulidad con base en que el procesado no tuvo la oportunidad de interrogar los testigos de cargo Nidia Soraya Díaz, Beatriz Eugenia Díaz Alarcón y Huber Núñez Paz, actividad propia del ejercicio del derecho de defensa que el recurrente asegura le fue impedida porque la fiscalía se negó a reponer el cierre de la investigación y no ordenó las pruebas solicitadas por la asistencia letrada en la fase instructiva, tendientes a acreditar que el procesado era ajeno a los señalamientos como militante de un grupo rebelde.

1.2.1. Según el artículo 8°, inciso 2°, literal f) de la Convención Americana de Derechos Humanos, toda persona inculpada de un delito, durante el proceso, en plena igualdad, goza del derecho a “…interrogar los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos”; así mismo el pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos establece en su artículo 14, inciso tercero literal e), que toda persona acusada de una conducta punible, en plena igualdad, tiene derecho a “…interrogar o hacer interrogar los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que estos sean interrogados en las mismas condiciones que los de cargo”.

Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Procedimiento Penal, también conocidas como Reglas de Mallorca, en su Numeral 29 establecen que

“…si la comprobación de un hecho se basa en la percepción de una persona, deberá ser ésta interrogada en el juicio oral. Este interrogatorio no puede ser reemplazado por la lectura de un documento o declaración anterior escrita. Las leyes nacionales establecerán las excepciones a este principio por razón de imposibilidad o grave dificultad de la reproducción de esta prueba. En estos casos, se podrán utilizar en el juicio oral las declaraciones practicadas con anterioridad, siempre que hubiesen tenido lugar con intervención del defensor y se garantice a las otras partes la oportunidad de oponerse a la prueba aportada”.

En la legislación interna, el ya citado artículo 29 de la Constitución Política, consagra que quien sea sindicado tiene, entre otros, derecho a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra, garantía fundamental reproducida como principio rector en el artículo 13 de la Ley 600 de 2000, Código de Procedimiento Penal que rigió este asunto y en el que la sistemática con tendencia acusatoria allí diseñada, se dividía en dos etapas, la de instrucción, comprendida aquí la de indagación previa, y la de juzgamiento, siendo inherente a aquél modelo el principio de permanencia probatoria, según el cual, en la causa, las pruebas legal y regularmente practicadas en la fase anterior (investigación previa/instrucción), conservan su eficacia y pueden ser tomadas como sustento para la decisión de fondo (sentencia).

1.2.2. En el asunto que concita la atención de la Sala, la queja que fundamenta la pretensión de nulidad está básicamente circunscrita, de una parte, al hecho de que la defensa no tuvo oportunidad de contrainterrogar los testigos de cargo, y de otra, a que ello se debió a la negativa del instructor a reponer el cierre de la investigación y a ordenar las pruebas solicitadas como pretensión consecuencial.

Acerca de lo primero es preciso recordar que el derecho de contradicción probatoria constituye una expresión o manifestación depurada del derecho de defensa, siendo presupuesto para el ejercicio de esa prerrogativa la publicidad de las pruebas, dado que sólo así se permite a las partes su conocimiento y la consiguiente oportunidad de rebatirlas.

Igualmente, de tiempo atrás teniendo dicho la Sala que la controversia de la prueba se materializa a través de diversas maneras, como por ejemplo: asistiendo a su práctica e interviniendo en forma activa en la respectiva diligencia, que tratándose del testimonio puede traducirse en el interrogatorio del deponente; permitiendo al procesado y a su defensor contradecir en un plano argumentativo aquellos elementos de juicio incorporados al plenario que le son adversos; mediante la solicitud y aporte de pruebas favorables a los propios intereses; impugnando las decisiones en las que se les concede un mérito probatorio del cual se discrepa; o bien demostrando la ilegalidad del medio o de la forma como fue obtenido para excluirlo del análisis del juzgador.

No se presenta en este caso desconocimiento de la garantía en cuestión, habida cuenta que el acusado y su defensor conocieron oportunamente de la aducción, durante la fase instructiva, de las declaraciones de Nidia Soraya Díaz, Beatriz Eugenia Díaz Alarcón y Huber Alberto Núñez Paz, y si bien es cierto en ese estadio procesal no fue posible materializar su derecho a confutarlas mediante el interrogatorio, también es verdad que abiertas estaban las posibilidades de orientar la controversia de esos medios de persuasión por cualquiera otro de los mecanismos aludidos, como en efecto lo ejercieron sin limitación alguna a través de los recursos formulados contra las decisiones de fondo en las que aquellos elementos de convicción fueron el fundamento de las decisiones adversas, así como al momento de presentar la posición defensiva en los alegatos precalificatorios, quedando, por tanto, salvaguardado con suficiencia el ejercicio concreto del derecho de defensa respecto de dichas pruebas.

Tampoco constituye limitación a la garantía de defensa, que la fiscalía hubiese resuelto no reponer el cierre de la investigación y, de contera, no acceder a practicar las pruebas que en esa misma oportunidad solicitó el defensor del acusado, pues, tal y como quedó precisado al estudiar el anterior motivo de nulidad, el ente instructor no tiene obligación legal de agotar todas las pruebas conducentes y pertinentes, sino que cuando considere que cuenta con la prueba necesaria para proveer la calificación del mérito del sumario, la ley lo habilita para clausurar la instrucción, aun cuando no se haya cumplido con la práctica de todas las pruebas, las cuales pueden reservarse para el juicio donde, se reitera, la inmediación y las posibilidades de contradicción materializan su esencia.

Y es que el defensor hace abstracción de lo ocurrido en este concreto evento al inicio de la fase de juzgamiento, esto es en la audiencia preparatoria, diligencia en desarrollo de la cual el a-quo no accedió a la nulidad del cierre de la investigación, propuesta con base en una argumentación semejante a la aquí estudiada, pero en cambio sí ordenó la práctica de todas las pruebas de orden documental y testimonial reclamadas por la defensa, entre ellas justamente la ampliación de los testimonios de Nidia Soraya Díaz y Huber Alberto Núñez Paz, a efecto de garantizar el derecho de contradicción probatoria.

Ahora bien, la circunstancia de que durante el juicio no haya sido posible contrainterrogar a los declarantes últimamente citados, tampoco se erige como lesión de la garantía de contradicción, dado que es menester destacar un aspecto que igualmente soslayó el censor: los testigos fueron citados varias veces a las direcciones conocidas en el expediente y no concurrieron, luego la omisión en la práctica de esas pruebas debidamente ordenadas no es atribuible a inercia o capricho de los funcionarios; además, la defensa material y técnica contaron con la oportunidad de confutar la validez y eficacia de esos medios de convicción dentro de un plano argumentativo al exponer sus alegatos finales en audiencia pública, y tan contundente fue la crítica que se obtuvo a favor del acusado fallo absolutorio.

En conclusión, el cargo no prospera.

2. DE LA VIOLACIÓN INDIRECTA.

Contrariamente a como sin un riguroso análisis lo concluyó el Delegado de la Procuraduría, el demandante en los reproches denunciados con fundamento en la causal primera de casación, cuerpo segundo, aun cuando no observa un lenguaje ortodoxo para identificar los vicios, depurada su argumentación de algunas imprecisiones, alcanza a articular la proposición de tres errores típicos de aquella senda de violación, a saber: falso juicio de legalidad en cuanto a los señalamientos que el ad-quem tuvo por probados con base en la versión de Beatriz Eugenia Alarcón; falso juicio de identidad al apreciar las declaraciones rendidas por Huber Alberto Núñez Paz —unas aportadas como prueba trasladada y otras recaudadas directamente en esta actuación—; y falso juicio de existencia en relación con los medios de prueba legal y regularmente allegados al proceso tendientes a acreditar, de una parte, la animadversión del testigo últimamente citado contra el acusado, y de otra, que éste era un líder cívico campesino, lo cual fue determinante para que las autoridades militares lo señalaran como miembro de una organización subversiva (el ELN).

Es por eso por lo que el demandante, de una parte, cita como normas infringidas del Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000), los artículos 232, relacionado con “la necesidad de fundar las decisiones en pruebas legal, regular y oportunamente aportadas”, 234 y 238 “sobre la imparcialidad en la apreciación de las pruebas en la búsqueda de la verdad real… de manera conjunta de acuerdo con las reglas de la sana crítica”, y 277 “que establece los criterios para la apreciación del testimonio”; y de otra, asegura que en razón de tal vulneración el Tribunal incurrido en la indebida aplicación de la ley sustancial al condenar a su prohijado por el delito de rebelión (Ley 599 de 2000, artículo 467).

2.1. Falso juicio de legalidad.

2.1.1. El falso juicio de legalidad, como especie de error de derecho dentro de la violación indirecta, está vinculado al proceso de formación de la prueba, con las normas que regulan la manera legítima de producir e incorporarla al proceso, con el principio de legalidad en materia probatoria y la observancia de los presupuestos y las formalidades exigidas para cada medio de conocimiento, de suerte que el dislate se cristaliza cuando el juez valora o aprecia un medio de prueba que desconoce alguna de esas ritualidades, o porque califica de ilegal una que sí las satisface y por tanto es válida.

2.1.2. La crítica por esa clase de vicio en el presente evento está referida a la estimación que el fallador de segundo grado hizo de la indagatoria de Beatriz Eugenia Díaz Alarcón, como elemento de convicción del que extrajo el señalamiento contra el procesado VALLEJO JIMÉNEZ como “miliciano” del auto denominado “Ejército de Liberación Nacional” (ELN), concretamente, de la facción “Los Bolcheviques de Líbano”.

Al margen de las afirmaciones que hace el actor acerca la falta de mérito que debe darse a la versión de aquella excombatiente del citado grupo rebelde por el hecho de que, a diferencia de como lo precisó el sentenciador de segundo grado, aquella no identifica con exactitud a su prohijado como integrante de esa organización, pues alude a un “Hermes Vallejo” cuyos datos no concuerdan plenamente con el aquí enjuiciado, amén del interés que le atribuye de hacer señalamientos para obtener beneficios con el Gobierno por su reinserción o desmovilización, lo verdaderamente trascendente en punto del vicio analizado es el reproche acerca de que esa injurada no podía ser valorada porque se trasladó irregularmente a la actuación y de hecho no fue tenida en cuenta como fundamento del pliego de cargos.

La réplica es acertada pues, en efecto, la diligencia de indagatoria de Díaz Alarcón —rendida el 4 de diciembre de 2001— obra en el proceso como parte de un paquete de diligencias fotocopiadas motu proprio por el asistente judicial de la Fiscalía Primera Especializada Destacada ante el Gaula Tolima, las cuales fueron aceptadas por la respectiva funcionaria como base para ordenar investigación preliminar, sin que mediara auto de funcionario judicial (fiscal o juez) que ordenara compulsarlas y certificara el cumplimiento de los requisitos legales de producción en el respectivo proceso de origen y su autenticidad.

Los aspectos atrás resaltados redundan en el manifiesto incumplimiento del debido proceso de aducción e incorporación de los aludidos documentos, irregularidad que, dicho sea de paso, ya había sido advertida por el fiscal de segunda instancia al pronunciarse en sede de apelación respecto del auto con el que fueron afectados con medida de aseguramiento los primeros diecisiete capturados, ordenando la revocatoria de esa determinación en relación con nueve de ellos.

Señaló en aquella oportunidad la Unidad de Fiscalías Delegada ante el Tribunal Superior de Ibagué:

“[E]s necesario recalcar que estas diligencias presentan una serie de irregularidades muy lamentables, por cuanto no se explica esta instancia, cómo un funcionario desconoce el debido trámite procesal, qué delito está investigando, y a la vez que delegue para la práctica de algunas diligencias en funcionarios de policía judicial, que si bien es cierto tienen la mejor voluntad, por la falta de experiencia y conocimiento no enrutan o dirigen la investigación hacia el fin deseado, como es el de establecer la existencia del hecho y de los posibles autores del mismo, pues, de lo contrario se termina como en el caso materia de estudio preguntando por una serie de conductas punibles, que, como muy acertadamente sostuvo la fiscal sexta especializada, están siendo investigadas por otros despachos judiciales, quedando sólo en éste plenario lo relacionado con el reato de Rebelión.

”Si nos percatamos las diligencias se iniciaron con un informe que el Técnico de la fiscalía especializa del GAULA, sin resolución que le ordenara, a motu propio (sic), compulsa unas copias y se pasan a la mesa de la fiscal para que ella decida lo que corresponda y ésta de una manera ligera e irregular admite la prueba trasladada y sin examinar su legalidad, es decir, si esas pruebas fueron practicadas válidamente en el proceso remitente, decide ordenar indagación preliminar” .

2.1.3. De acuerdo con el artículo 29 de la Carta Política, “es nula de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”, contenido normativo superior que indica que cuando se violan las formas sustanciales de cada medio probatorio o éste se introduce con detrimento de los derechos fundamentales, la sanción es la inexistencia de la prueba.

El artículo 232 de la Ley 600 de 2000, prevé que toda providencia debe fundarse en pruebas “legal, regular y oportunamente allegadas a la actuación”, y el 239 ídem señala que “Las pruebas practicadas válidamente en una actuación judicial o administrativa dentro o fuera del país, podrán trasladarse a otra en copia auténtica y serán apreciadas de acuerdo con las reglas previstas en éste Código”.

Por su parte el artículo 259 de la citada legislación adjetiva dispone que los documentos deben allegarse al proceso en original o copia auténtica y, según lo ha señalado esta Sala, la autenticidad se adquiere “cuando es autorizada por el funcionario donde se encuentra el documento genuino o copia autenticada del mismo; cuando una tal condición es certificada por Notario; cuando es compulsada o cotejada en inspección judicial; y, cuando la parte contra quien se aduce en el proceso penal no rechaza su contenido antes de la audiencia pública (art. 1°, Numeral 117 del decreto 22882/89 y 274 y 277 del Código de Procedimiento Penal” .

Del contenido de las citadas normas se desprende, de una parte, que las decisiones adoptadas en un pronunciamiento judicial sólo tienen efectos vinculantes cuando encuentran sustento en pruebas que no estén prohibidas en la Constitución o la ley, ordenadas y practicadas por funcionario competente, con sujeción a las ritualices que les son propias, y dentro de la correspondiente oportunidad procesal.

Y de otra, que en materia penal las pruebas efectuadas válidamente al interior de otra actuación (judicial o administrativa) pueden trasladarse en copia auténtica, siempre que allí no hayan sido desconocidas o anuladas por ilegales, además que para su traslado o aducción, constituye requisito sustancial que haya una providencia que así lo ordene, es decir, que exista una clara manifestación de voluntad jurisdiccional ordenando reproducir el respectivo elemento de prueba a efectos de iniciar ante sí u otro funcionario una nueva investigación por hechos aún no debatidos, o para que sirva a los fines inherentes de una actuación ya en curso, siendo también indispensable que en el proceso de destino se garantice la publicidad y contradicción del medio de prueba trasladado.

2.1.4. En el presente asunto la fotocopia de la injurada de Díaz Alarcón y demás documentos que al igual que éste fueron allegados para iniciar la indagación previa adelantada en este proceso, no fueron ordenadas por funcionario competente, sino por un asistente o empleado de la fiscalía que no goza de atribuciones jurisdiccionales, y la funcionaria titular del respectivo despacho a quien fueron dirigidos aquellos documentos no verificó que su producción en la actuación de origen hubiese sido ajustada a los requisitos señalados en la Constitución y la ley, y mucho menos constató la autenticidad de los mismos.

Si ello es así, la razón está de lado del demandante, pues advertido como estaba desde los albores de la investigación el incumplimiento del debido proceso en la incorporación del citado elemento de prueba, no fue tenida en cuenta en la instrucción sino que se le marginó por completo de los debates y de las diferentes decisiones inherentes a la situación de VALLEJO JIMÉNEZ adoptadas a lo largo de esa fase; tanto es así, que el pliego de cargos, en primera como en segunda instancia, se fundamentó única y expresamente en las declaraciones de Huber Alberto Núñez Paz y Nidia Soraya García Díaz, esta última desestimada por los jueces de primero y segundo grado por las irregularidades detectadas para su obtención , incurriendo en consecuencia el Tribunal en el error alegado por el demandante, al valorar un elemento de convicción que no reúne los presupuestos para tenerlo como legal y regularmente incorporado.

Merece igualmente destacar que el juez de segundo grado, con el fin de robustecer el mérito concedido al señalamiento expresado en aquél irregular medio de prueba, precisó que éste se encontraba corroborado con la “entrevista” realizada a Díaz Alarcón el 3 de diciembre de 2001 por parte del Ejército Nacional , la cual fue aportada con el informe de 17 de mayo de 2003 , rendido por los agentes del Grupo Gaula Tolima, a raíz de la “comisión” conferida por la fiscal que inició la indagación previa.

Sin embargo, tal apreciación probatoria del ad-quem se encuentra también viciada, esta vez, de un falso juicio de convicción, dado que atendida la fecha de la aludida entrevista, es palmario que fue recibida antes de la judicialización de Díaz Alarcón y, además de que no ostenta la firma del presunto funcionario de las Fuerzas Militares de Colombia – Ejército Nacional que la acopió, tal documento carece de eficacia probatoria al tenor de lo normado en el artículo 314 de la Ley 600 de 2000, pues de acuerdo con ese precepto esa clase de diligencias y las exposiciones rendidas por eventuales testigos ante autoridades que cumplen funciones de policía judicial, no tienen valor de testimonios ni de indicios y únicamente sirven como criterios orientadores de la investigación.
En suma, resulta indiscutible que el vicio de estimación probatoria consistente en falso juicio de legalidad denunciado por el actor en relación con la apreciación de la fotocopia de la indagatoria de Díaz Alarcón tiene cabal configuración.

2.2. Falso Juicio de identidad.

2.2.1. Como se sabe, en los errores de hecho no se discute la legalidad del elemento de convicción ni el debido proceso acerca de su ordenación, práctica y aducción, pues es condición lógica del argumento aceptar que el mismo no está perneado por algún vicio en aquellos aspectos, ya que lo discutido es un error de orden fáctico.

En el falso juicio de identidad le corresponde demostrar a quien lo invoca que el juzgador al aprehender el contenido de determinada prueba, le recortó circunstancias fácticas trascendentes —falso juicio de identidad por cercenamiento—; o le agregó hechos igualmente relevantes que no corresponden a su texto —falso juicio de identidad por adición—; o le cambió el significado a su expresión literal —falso juicio de identidad por distorsión o tergiversación—.

La acreditación de un dislate como el aludido no tiene mayor exigencia que la de ser absolutamente leal al texto o tenor de la prueba, ya que el ejercicio dialéctico consiste en una comparación entre lo que de manera fidedigna revela la prueba, y la síntesis o aprehensión que de su contenido hizo el funcionario, en aras de evidenciar o demostrar el cercenamiento, la adición o la tergiversación de su expresión literal.

2.2.2. Frente al vicio ahora estudiado interesa destacar que el Tribunal, además de la fotocopia de la indagatoria de Beatriz Eugenia Díaz Alarcón —viciada por falso juicio de ilegalidad—, valoró como prueba en contra de VALLEJO JIMÉNEZ el testimonio vertido en este proceso por Huber Alberto Núñez Paz y la fotocopia allega en inspección judicial, de igual diligencia rendida ante el Fiscal Cuarto Especializado de Ibagué dentro de la investigación Nº 109142 adelantada también por el delito de rebelión, entre otros, contra el precitado enjuiciado .

La referencia que hace el juez de segundo grado al contenido de la declaración de Núñez Paz, se reduce a que éste, como enfermero del hospital de Villahermosa, señaló que

“…desde hace varios años, VALLEJO JIMÉNEZ es miliciano de la organización subversiva “Los Bolcheviques” ideólogo, líder político y militar, y es el contacto con las entidades oficiales, tales como la Alcaldía Municipal, el Hospital y el sindicato de salud de este Departamento, que reúne a la población con el fin de realizar manifestaciones en las ciudades de Líbano e Ibagué (fl 59 y ss, y 121 y ss. c.o. Nº 5).

”…el 12 de febrero de 2002, luego de trasladar a un paciente al Hospital “Federico Lleras Acosta” de esta ciudad [Ibagué], en la vía que del Líbano conduce al municipio de Villahermosa (Tolima), observó al mencionado procesado en compañía de otros subversivos, vistiendo uniforme camuflado y portando un arma de fuego (revólver). (f. 15-4). …fue presidente de “ASOPEMA”, frecuenta la Alcaldía Municipal representando a la “Guerrilla” en las reuniones que se realizan en aquél lugar” .

Para el ad-quem tal señalamiento mereció “plena credibilidad” por cuanto “luce bien informado, razonado, y objetivo” y dado que en el mismo no percibió “algún interés o móvil mezquino para involucrar injustamente, de manera errónea o conciente a personas que no hubiesen tenido ninguna relación con aquella organización guerrillera”.

2.2.3. Sin embargo, tal y como lo indica el demandante, el mérito conferido a ese elemento de convicción habría sido otro si el juez de segundo grado hubiera contemplado en su total extensión y fielmente el relato del citado testigo, como lo hizo la primera instancia, dado que varios pasajes del mismo permiten advertir que su versión no sólo carece de objetividad y de desinterés, sino que además no es fruto de una percepción directa sino obtenida por los “comentarios de la comunidad” y con base en el conocimiento que indebidamente obtuvo de un informe de inteligencia del Ejército Nacional obrante en el proceso 109142 tramitado ante la Fiscalía Cuarta Especializada, como abiertamente lo acepta el propio declarante.

En efecto, en la declaración de Núñez Paz que obra como prueba traslada , es ostensible la rivalidad que lo anima en contra quien ocupaba el cargo de alcalde de Villahermosa para la época de sus relatos (marzo y junio de 2003), por considerar que fue impuesto por la guerrilla, así como contra el personero de ese municipio de quien afirma que “no cumple con sus funciones correctamente” que es “un degenerado, alcohólico”, “un informante, colaborador y contacto con la guerrilla”, y el gerente del hospital local, de quien asegura que es responsable de “múltiples casos de aborto” y de prestar atención médica a miembros de la subversión, indicando que los prenombrados integran una “red de corrupción que existe” en ese municipio, la cual es respaldada por “un gran numero indeterminado de [miembros de] la familia BETANCOURT, PEÑA, VALLEJO, AGUIRRE, vinculados con la guerrilla”.

En concreto, acerca de VALLEJO JIMÉNEZ, el declarante asegura que:

“…ha desempeñado funciones en la UMATA al parecer es Veedor de las obras que se hacen en la Alcaldía… [es] solicitado por la Fiscalía por informes de inteligencia por ser el ideólogo, quien tiene vínculos con la guerrilla desde hace muchos años, es líder de ASOPEMA, desde hace varios años, quien se encarga de hablar con sus lideres para recoger la gente y hacer manifestaciones en la ciudad de Ibagué y el Líbano, reconocido por la comunidad de ser guerrillero durante muchos años, al igual que sus hermanos Rigoberto Vallejo, Mauricio Vallejo… y los he visto de camuflado y armados, el 12 de febrero de 2002, y en una oportunidad que me trasladaba de la ciudad de Líbano a Villahermosa, de dejar un paciente en el Hospital Federico Lleras de Ibagué, me lo encontré, en uniforme de camuflado y armado de revólver… el personero es amigo y compadre del señor Hermes Vallejo, alias Marcos,… el Personero Libardo Bedoya Peña no colaboró en nada a la comunidad para destituir al médico Manuel González [gerente del hospital] a pesar de las múltiples quejas de la comunidad… el señor Hermes Vallejo tampoco colaboró en nada, siendo miembro o líder comunitario, a pesar de que se le solicitó el favor personalmente… ya que existe una muy buena relación entre ellos, y son compañeros de tragos y del equipo de fútbol…” (negrilla fuera de texto).

En esa diligencia explicó el por qué de todo lo manifestado en su relato, señalando que fue:

“…debido a que pretendían abrirmen (sic) un proceso disciplinario en mi contra injustamente, le dejé la información verbalmente a la secretaria, que si ellos me hacían expulsar injustamente del hospital por la facultad que ellos tienen [se refiere al alcalde, el personero y el gerente del hospital] yo los denunciaría presentándome con abogado, y altos mandos oficiales y de la policía y en frente de ellos, porque tenía muchas cosas que cantar (sic)…”.

Al ampliar su versión no vacila en afirmar que esa región “es la mata” o “la cuna” de la guerrilla, y se refiere nuevamente a miembros de la familia Vallejo, entre ellos a Rigoberto Vallejo de quien dice es el comandante “Bochica” y que a él es a quien “se le ha visto uniformado con fusil en los retenes de Palocabildo”, que es hermano de HERMES VALLEJO, y que ambos están “registrados en los archivos del Ejército Nacional”, destacando que el último es “líder político y es el contacto con las entidades oficiales, la alcaldía, el hospital, el sindicato de salud de Ibagué, es el que reúne la gente para hacer las protestas en las ciudades de Líbano e Ibagué, el Batallón Patriotas tiene una foto donde lo reconozco claramente en la manifestación, señalado desde el momento que yo llegué al municipio como un guerrillero camuflado en medio de la población civil…”.

En el testimonio rendido dentro de esta actuación , igual que en el trasladado, es evidente la animadversión del declarante hacia el alcalde y el personero del municipio de Villahermosa, así como contra el médico que gerencia el hospital de esa localidad, y respecto de otras personas afines a aquellos y que, según sus investigaciones, hacen parte de una facción rebelde (el ELN) que opera en esa región, destacando que:

“…el alcalde era o es amigo del señor HERMES VALLEJO VALLEJO, alias comandante MARCOS, RIGOBERTO VALLEJO VALLEJO, alias comandante BOCHICA, y un hermano de este al parecer MAURICIO VALLEJO VALLEJO a quien yo he visto camuflado y armado en dos oportunidades, amigos íntimos del personero, camaradas del personero… según investigaciones que yo hice, bueno, el señor HERMES VALLEJO tenía voz y mando en las reuniones de la alcaldía y era quien decía quien habla y quien no y habla… el señor HERMES VALLEJO y RIGOBERTO VALLEJO siempre fueron compañeros de campaña del alcalde o sea colaboradores de campaña, quienes celebraban la victoria el día de las elecciones por las calles, al parecer el señor HERMES VALLEJO repartía remesas en la ambulancia Land Rover (sic) del hospital…HERMES VALLEJO JIMÉNEZ es un mando político militar… no se si es VALLEJO VALLEJO o VALLEJO JIMÉNEZ… el es miembro o presidente de asopena (sic) del movimiento campesino de la región es el encargado de contactarse con el hospital y la alcaldía con algo que tenga que ver con la guerrilla… no se si el señor HERMES visita la administración con qué fines tendrá pero yo lo he visto en la administración en reuniones con el médico, ocasionalmente el señor HERMES VALLEJO llega al pueblo pero no vive allí…”

Importa aclarar que en cuanto al episodio reseñado por el juez de segundo grado, según el cual el declarante habría observado al citado procesado luciendo uniforme camuflado y portando armas de fuego, la versión que da el testigo de ese suceso en este nuevo relato difiere de la hecha con anterioridad, así como de la sintetizada por el ad-quem, siendo claro que a quien vio luciendo “uniforme camuflado” no fue a HERMES VALLEJO sino a su hermano:

“…el señor GERARDO EFRÉN PATIÑO tenía vínculos con la guerrilla, según informaciones era informante de de la guerrilla, él se relaciona con toda la gente ahí en el pueblo libremente hasta el día que lo confirmé el 12 de febrero, el declarante piensa, era un día miércoles del dos mil tres que lo observé bajándose de una motocicleta en compañía del señor DIEGO PÉREZ al parecer esposo de una profesora del área rural, GERARDO PATIÑO portaba un maletín e iba como parrillero quien (sic) contenía granadas de fragmentación y venía a entregárselas a la guerrilla que se encontraba en la vereda altobonito (sic) haciendo un retén, yo venía de terminar el censo de población, y fui parado en la carretera por el señor MAURICIO VALLEJO y el comandante SILVIO y otros subversivos quienes me interrogaron que hacía y para donde iba, en breves momentos apareció el señor Gerardo Patiño y se interpuso en lo que ellos me estaban preguntando, el cual me fui y ellos se quedaron con la guerrilla…”

También interesa destacar que en desarrollo de esa diligencia el instructor dejó constancia de que el declarante suministro varios datos consultando una agenda, y que el propio exponente hizo la siguiente sugerencia:

“…recomiendo revisar un informe del Batallón Patriotas, o sea el Batallón Patriota hizo un informe, yo se de ese informe porque yo tengo muy buenas intenciones de colaborar con el gobierno y que conozco mucha gente de la región que podía colaborar con su captura. PREGUNTADO: Usted fue enviado por alguna persona para que realizara esa gestión allá? CONTESTO: Lo hice voluntariamente quería acabar con la corrupción que existe en el hospital…y sabía que a la guerrilla le iba a doler por atacar al médico por vínculos con ellos, entonces no me quedaba otra que denunciarlos a todos, yo tuve acceso más o menos a unas dos hojas del informe del Batallón Patriota, porque yo quise constatar con la información que yo tenía, o sea yo los conocía de cara, pero no les sabía el nombre… o sea yo vi una pequeña parte. PREGUNTADO: Quien fue la persona que le dio a usted a conocer el informe? CONTESTO: El secretario de la FISCALÍA 4 especializada, porque yo iba a colaborar”.

2.2.4. Los apartes transcritos de lo que, en términos generales, constituye la declaración de Núñez Paz, ciertamente no permiten llegar a la conclusión inequívoca de que HERMES VALLEJO JIMÉNEZ en verdad haga parte del grupo subversivo de marras, y la apreciación integral de todo lo narrado por el citado exponente no descarta la posibilidad de que esos ambiguos e imprecisos señalamientos obedezcan a diferencias personales o políticas con el procesado, e incluso, que en alguna medida fueran determinados por la gestión desarrollada por aquél como líder comunal, equivocadamente apreciada por los organismos de inteligencia de las Fuerzas Militares en el informe que se le permitió conocer al testigo, obrante en una investigación adelantada paralelamente por la misma conducta punible.

Resulta entonces indiscutible que si el juez de segundo grado hubiera apreciado con fidelidad y en su completa dimensión lo expuesto por el declarante, otra habría sido la decisión adoptada, pues al obrar apenas esa única prueba de la supuesta militancia del acusado en una facción rebelde, es decir, ante la ausencia de algún elemento de convicción que la robusteciera, un fallo de condena no podría sustentarse en la misma, máxime que, como a continuación se verá, por el contrario hay en el proceso otros medios de conocimiento que ofrecen respaldo la versión del encausado acerca de su labor y de las desavenencias con el aludido declarante, los cuales no fueron objeto de valoración.

2.3. Falso juicio de existencia.

2.3.1. Incurre en falso juicio de existencia el fallador que omite apreciar el contenido de una prueba legalmente aportada al proceso —vicio que se denomina falso juicio de existencia por omisión—, o cuando, por el contrario, hace precisiones fácticas a partir de un medio de convicción que no forma parte del proceso, o que no pertenecen a ninguno de los allegados —falso juicio de existencia por suposición—.

En el asunto analizado, el procesado VALLEJO JIMÉNEZ, y su defensa, han sostenido que el señalamiento como miembro de una organización rebelde tiene origen o causa en su actividad como líder de la comunidad y representante de los campesinos, destacando, en relación con la única prueba obrante en la que se le atribuye esa militancia, esto es, la declaración de Huber Alberto Núñez Paz, que no merece crédito pues lo que éste asegura obedece a represalias contra la familia del procesado, por el hecho de que fue rechazado sentimentalmente por una familiar de aquél y porque el acusado tampoco quiso tomar parte en un conflicto personal entre ese testigo y el director o gerente del hostal local donde laboraba como enfermero.

2.3.2. En primer lugar, acerca de la condición de dirigente civil del procesado VALLEJO JIMÉNEZ en el municipio de Villahermosa (Tolima), hay que convenir en que ésta no sólo es reconocida por el propio Núñez Paz, aunque con otra connotación, sino que la misma está documentada con las fotocopias que allegó su apoderado de las actas de concertación entre representantes del Gobierno Nacional/Departamental y diferentes agrupaciones civiles de esa región del país, que entre septiembre de 1999 y junio de 2000 protagonizaron marchas y protestas para reivindicar sus derechos al trabajo, a la salud, etc., actuaciones en las que intervino el acusado como delegado de la Asociación de Pequeños y Mediados Agricultores del Tolima (ASOPEMA) .

Conviene aclarar que estos documentos aun cuando aparecen rubricados por quienes en ellos intervinieron, fueron aportados al proceso en fotocopia informal, y aun cuando en la fase del juicio se solicitó a las autoridades competentes copia autentica de los mismos, la inercia de los respectivos funcionarios públicos determinó que no se cumpliera con ese cometido, pues por parte de la Gobernación del Tolima se obtuvo la simple respuesta de que tal petición sería atendida por el archivo de esa entidad, de donde nunca llegó respuesta, a diferencia de la Personería de Villahermosa, entidad que cerificó la labor del acusado como veedor ciudadano de diferentes obras del municipio .

Sin embargo, acerca de esa actividad social del acusado, dan cuenta, entre otras, las declaraciones de Flor María Orozco Bedoya, Fanny Martínez Marín, Pedro Antonio Varón Gutiérrez, Eugenio Corredor Hernández y Linderman López Orozco —este último exalcalde del citado municipio durante el periodo 1998-2000—, diligencias que fueron practicadas en el juicio atendiendo solicitud de la defensa .

Además, impera destacar que esos mismos declarantes niegan cualquier vínculo o relación de VALLEJO JIMÉNEZ con grupos armados ilegales (guerrilla o autodefensas), como de la misma manera lo señalaron sus parientes: Marco Tulio Vallejo Franco, Maria Nelly Vallejo de Sánchez y Jesús María Sánchez Vallejo en declaración que se les recibió igualmente en la fase de juzgamiento, a través de comisionado , y cuyo objeto era ratificar ante autoridad judicial las declaraciones extrajuicio rendidas por ellos en agosto de 2003 en la Notaría de Villahermosa —aportadas por la defensa con posterioridad al cierre de la investigación—, en las cuales pusieron de presente la actitud hostil de Núñez Paz contra su familia por el rechazo de sus escarceos amorosos hacia Maricela Sánchez Vallejo, prima del acusado .

Acerca de las condiciones personales del declarante Núñez Paz, durante la fase instructiva también fueron allegadas fotocopias de los varios memorandos cursados contra aquél por parte del Gerente del Hospital Ismael Perdomo de Villahermosa, entre febrero de 1999 y octubre de 2001, debido al incumplimiento de sus labores y por quejas de la comunidad acerca de su trato agresivo, así como por utilizar papelería de esa entidad para ordenar tratamientos a pacientes sin contar con la preparación ni estar autorizado para ello, y por controvertir o desautorizar las actuaciones médicas frente a los pacientes .

Entre esas circunstancias debe destacarse la que hace relación a la queja formulada por la señora Consuelo Franco como representante legal de una menor a quien Núñez Paz difamó aduciendo que se había sometido a la práctica de métodos abortivos, imputación que determinó el inicio de una acción penal contra el citado declarante en la Fiscalía Sesenta y dos Local de Villahermosa, y que culminó el 11 de julio de 2001 con base en la retractación e indemnización hecha por el denunciado a favor de la ofendida .

A ese incidente se refiere el mismo Núñez Paz en su declaración trasladada, aduciendo que constituye el fundamento del proceso disciplinario que injustamente el Personero del Municipio y el Director del Hospital quisieron abrirle por denunciar un aborto que sí se practicó a una menor, destacando además que a la señora Consuelo Franco la “toma como sospechosa” de auxiliar a la guerrilla, y que la misma lo “estafó” al “obligarlo” a conciliar por la suma de ochocientos mil pesos en el respectivo asunto penal .
Finalmente acerca del citado declarante, tal y como se subrayó al tratar el falso juicio de identidad, es menester recalcar que efectivamente éste expresó su descontento por el hecho de que HERMES VALLEJO “siendo miembro o líder comunitario” no quiso colaborar con la solicitud que él personalmente le hizo de ayudar a destituir al gerente del Hospital de Villahermosa, negativa que, según lo advirtió el acusado, le deparó la animadversión del prenombrado testigo.

2.3.3. La apreciación de los medios de prueba aludidos en precedencia, permiten otorgar la razón al demandante en cuanto a que el Tribunal incurrió en falso juicio de existencia al señalar que los aspectos argüidos por el procesado para demeritar la imputación hecha en su contra “no tienen la menor comprobación en el proceso”, pues, por el contrario, los elementos de convicción relacionados, además de evidenciar que el acusado efectivamente desarrollaba en la sede se su domicilio una labor como representante o dirigente cívico de la comunidad, también ilustran acerca de probables motivos de discordia entre el acusado y el testigo que lo señala como “miliciano” de la guerrilla, imputación que, como se desprende de la lectura integral, detenida, concienzuda y pausada de todo el relato de éste, es lanzada por el aludido declarante contra todo aquel con quien hubiese tenido alguna diferencia.

2.4. Trascendencia de los yerros probatorios.

Demostrado como quedó en los acápites precedentes (2.1 - 2.3) que efectivamente el juez de segundo grado incurrió en los yerros de estimación probatoria que le endilga el demandante, consistentes en falso juicio de legalidad, falso juicio de identidad y falso juicio de existencia, la valoración fiel, integral, en conjunto y de acuerdo con los postulados de la sana crítica de los elementos de convicción legalmente incorporados impone una conclusión jurídica diferente acerca de HERMES VALLEJO JIMÉNEZ.

En efecto, ha de empezar la Sala por señalar que el relato de Núñez Paz, contrariamente a como lo estimó el ad-quem, atendidas las singularidades de su testimonio, su personalidad, las circunstancias de lugar, tiempo y modo de los sucesos que narró, así como las inherentes a la manera como se acopió dentro de este proceso (Ley 600 de 2000, artículo 277), impiden elevarlo a la condición de elemento de prueba unívoco e incontrovertible acerca de un posible nexo del acusado como miembro de una organización subversiva.

No hay claridad en la versión del testigo en relación con un concreto acto o comportamiento del acusado que pueda enmarcarse como constitutivo de la conducta punible de rebelión, excepto la referencia acerca de que alguna vez lo vio luciendo uniforme camuflado y armas de fuego, imputación que además es ambigua e imprecisa, pues a ciencia cierta no logra concluirse del relato si a quien el testigo observó en esas condiciones fue al acusado o a alguno de sus hermanos, a quienes también señala de pertenecer a la subversión.

La atribución de “mando político e ideólogo” que al acusado le hace el declarante descansa o se poya, mas bien, en la actividad de líder comunitario reconocida por propio testigo, así como por distintos habitantes del municipio en el que reside, por el exalcalde de Villahermosa, y las autoridades civiles del orden nacional y departamental con las que llegó a acuerdos en procura de solucionar las jornadas de protesta en las que intervino en los años 1999 y 2000, representando una asociación campesina.

Además, no puede pasar inadvertido en la narración del aludido testigo, su ánimo vindicativo frente a diferentes personas del municipio de Villahermosa, como el alcalde, el personero y el médico director del hospital local, contra quienes no obstante haber sido vinculados antes que el aquí procesado, y pese a obrar contra ellos la sindicación de Núñez Paz de ser “miembros de la guerrilla” no les fue elevado pliego de cargos, pues el instructor consideró insuficiente ese material probatorio para sustentar una acusación.

Importante resulta igualmente precisar que las irregularidades de esta actuación, en cuanto a la forma como se recaudó la prueba que dio lugar a indagación previa y a la posterior apertura de la instrucción y consecuente orden de captura de más de veintiocho personas, no son por completo ajenas al testimonio de Núñez Paz, pues sólo leyendo en su totalidad su relato se percibe que muchos de los aspectos por el indicados son fruto de sus propias deducciones, u obedecen a comentarios supuestamente hechos por terceras personas durante la labor de “investigación” que desarrolló para “colaborar con el Estado”, negándose aquél a identificar a sus “informantes” so pretexto de protegerles la vida y, en el mejor de los casos, tan sólo se allana a reconocer que los datos suministrados los respalda un informe de inteligencia del Ejército Nacional, al cual indebidamente se le permitió tener acceso dentro de un proceso paralelo éste y por la misma conducta punible.
Acerca de este último aspecto, es necesario enfatizar que en la decisión de la Procuraduría General de la Nación con la que se elevó pliego de cargos disciplinarios contra un empleado de la fiscalía instructora y los dos agentes del Gaula Tolima que intervinieron en la manipulación de testigos para el inicio e impulso de este proceso, se ordenó también la expedición de copias para adelantar igual actuación contra el funcionario de la Fiscalía Cuarta Especializada de Ibagué que se desempeñaba como secretario de la misma “que fue quien al parecer suministró la información de inteligencia a que se refiere en sus distintas declaraciones Huber Alberto Núñez Paz…” .

Frente a tal panorama, observada la precaria univocidad de la que se haya revestido el único elemento de convicción que obra contra el procesado, y atendidos los medios de prueba que avalan su manifestación de ajenidad con la conducta punible atribuida, sin que sea posible demeritar la credibilidad de estos elementos de conocimiento, pues provienen de diversas fuentes, además que respecto de los mismos, bien en los de orden documental o ya en las de carácter testimonial, no cabe suponer fundadamente una eventual distorsión de la verdad o intención de favorecer al encausado, lo que corresponde, en conclusión, es la absolución del enjuiciado en aplicación del apotegma universal de in dubio pro reo, habida cuenta que el Estado a través del aparato judicial no logró resquebrajar la presunción de inocencia que constitucionalmente lo ampara.

De acuerdo con lo anterior, se casará el fallo de segundo grado, dejando vigente la decisión absolutoria de primera instancia.
3. DE LA SITUACIÓN DE REINEL TORRES.

3.1. Según quedó expuesto en la síntesis de la actuación, el recurso de casación no fue sustentado por el apoderado de REINEL TORRES; sin embargo, una razón de peso, fundada en la facultad oficiosa que asiste a la Corte cuando observa la vulneración de garantías fundamentales (Ley 600 de 2000, artículo 216), obliga al estudio de los fundamentos probatorios de la condena emitida en su contra en el fallo de segundo grado, máxime cuando esa decisión descansa, entre otros elementos de convicción, en los señalamientos formulados por Beatriz Eugenia Díaz Alarcón, los cuales se allegaron al proceso sin la observancia de las formalidades legales inherentes a la prueba traslada, tal y como quedó especificado con anterioridad (ítem 2.1.).

De ahí que sea necesario corroborar si, prescindiendo de esa prueba, la decisión se sustenta, ejercicio en el cual la Sala advierte que el Tribunal incurrió en una motivación viciada por falsos juicios de identidad, de legalidad y de existencia.

3.2. En primera instancia el fundamento de la absolución a favor de este procesado, estribó en que a pesar de que las declaraciones obrantes se referían a un subversivo del “ELN” conocido con el alias de “GIOVANNY”, durante la instrucción y en el juicio no se estableció de qué manera los organismos de inteligencia del Ejército Nacional determinaron que el aquí procesado fuera ese personaje.

Por su parte el ad-quem, tras aceptar que efectivamente en aquella organización rebelde “podían existir varias personas con el mismo remoquete dentro del grupo Los Bolcheviques”, consideró que el reinsertado Luis Gabriel Zuleta Morales,

“…sin formula de duda aclara que REINEL TORRES, aquí procesado, responde en la organización al alias de “GIOVANNY”, quedando así claro para el Tribunal, que en el evento de haber varios combatientes con el mismo remoquete, éste es uno de ellos. El instructor le interrogó si conocía a REINEL TORRES, alias “GIOVANNY”, y el testigo, bajo la gravedad de juramento, “CONTESTO: El fue miliciano en el Líbano, los milicianos del Líbano hacen inteligencia, que de donde viene la plaga, eso lo hacia él, el miliciano mira la plaga, es un hombre flaquito, peliliso (sic) un poquito larguito, carracudo blanquito, ojos claros, fantochito o picadito, yo lo vi como unos 6 meses ahí colaborando bastante con el grupo se entendía mucho con SILVIO” (fl,274-8)” (negrillas fuera de texto).

Es decir, que para el juez de segundo grado la persona a quien se refiere el testigo Zuleta Morales corresponde inequívocamente al procesado REINEL TORRES aquí vinculado.


Sin embargo, el ad-quem incurrió en falso juicio de identidad al aprehender el contenido ese elemento de convicción, ya que en la misma diligencia, un poco más adelante, el instructor reformuló la pregunta inquiriendo al testigo si conocía a “Reinel Torres”, pero sin ponerle de presente el presunto seudónimo de éste, a lo cual el testigo “CONTESTÓ: Como dije ahora rato, uno tiene contacto con ellos, si es nombre propio no conozco a nadie, sólo con alias…” , aclaración que implica que el declarante en la respuesta que copió el Tribunal se refirió y describió a alias “GIOVANNY” y no a un “Reinel Torres” que conociera e identificara con tal remoquete.

Además, también incurrió el juez plural en falso juicio de identidad al apreciar la diligencia de indagatoria del aquí enjuiciado, toda vez que no se percató de que en la respectiva acta se dejó la siguiente constancia acerca de las características físicas del acusado: “contextura delgada, presenta bigote, pelo liso ondulado, nariz pequeña, ojos negros, orejas pequeñas…” , las cuales, como se resalta, difieren de las de la persona descrita por el declarante.

3.3. La fragmentada y sesgada apreciación probatoria cumplida por el fallador de segundo grado no se limitó a los anteriores desatinos, sino que no obstante haber puntualizado que el aquí procesado REINEL TORRES era el subversivo “GOVANNY” al cual se refería el testigo Luis Gabriel Zuleta Morales, con el fin de robustecer esa atribución de responsabilidad, aseguró que contra aquél obraba también,

“…la declaración rendida por el señor José Alexander Daza, quien refiere que aquél pertenecía a las milicias urbanas de Líbano (Tolima), que labora en el vehículo de la empresa “Postobón” (el sindicado dijo que laboró con “Coca-Cola” imprecisión que no resulta de una distancia tal para decir que se trata de otra persona) lo que le permitía recorrer dicha población indagando sobre qué personas podían ser víctimas de secuestro y extorsión, para financiar el aludido frente ‘GUERRILLERO’” .

Al hacer una revisión integral de todo el expediente, se observa que por parte de José Alexander Daza obra una declaración que en fotocopia fue irregularmente incorporada por el Asistente Judicial de la Fiscalía Primera Destacada ante el Gaula Tolima , con el fin de promover el inicio de una indagación preliminar contra personas indeterminadas y por conductas punibles igualmente imprecisas, elemento de prueba que, como quedó establecido en otra parte de las consideraciones (2.1), no podía ser objeto de estimación, y dado que la cita trascrita se fundamentó en lo que aparece allí narrado acerca de alias “GIOVANNY”, aparece claro que el ad-quem incurrió en un nuevo yerro por falso juicio de legalidad.

3.4. Pero además, y de contera, también el ad-quem dejó de apreciar, cometiendo un falso juicio de existencia, el testimonio del precitado y su versión de indagatoria, legalmente aportados a la actuación en la etapa instructiva como pruebas trasladas en la inspección realizada en el proceso Nº 109142 adelantado por el delito de rebelión en la Fiscalía Cuarta Especializada de Ibagué, elementos de conocimiento de los que se desprende que el aludido testigo en ninguna parte indicó que REINEL TORRES, el aquí acusado, sea el subversivo conocido en el frente “Bolcheviques de Líbano” con el alias de “GIOVANNY”, además que apreciados en conjunto todos los relatos de este declarante —incluso, en gracia de discusión, el irregular—, la descripción que suministró del sujeto distinguido con ese alias, como las funciones que le atribuyen, difieren radicalmente de lo comentado por el deponente Zuleta Morales.

En la diligencia referida por el Tribunal indicó:

“Díganos que personas colaboran voluntariamente y si usted sabe los nombres de los milicianos que trabajan en las poblaciones. CONTESTO: Hay un muchacho que se llama GEOVANNY que es milicia en el Líbano, trabaja en el carro de Postobón actualmente, el es flaco, se hace la chuler, tiene por ahí unos 22 o 23 años, de piel color trigueña, tiene por ahí 1.70 mts de estatura, él lo único que hace es inteligencia de quienes tienen plata en el Líbano y lo que hacen para secuestrarlos o extorsionarlos, ese lleva más de 10 años de miliciano, yo se porque él estuvo en el monte un poco de tiempo…” (negrillas fuera de texto).

Por su parte, en las pruebas trasladas de manera legal y regular a este proceso, alude a un subversivo que “se llama GIOVANNY”, que es “mando militar”, de quien dijo lo siguiente:

“…GIOVANNY, es uno de los milicianos más inteligentes tiene mucha inteligencia en el Líbano, allí es conocido como guerrillero, se que tiene familia en el Líbano pero no se donde, el se mantiene al frente del centro comercial del Líbano, él es de 1.65 de estatura, se hace peluqueado la mesa, en veces (sic) se deja el bigote y en veces (sic) no, este señor tiene fotos en S2 del Batallón Patriotas, es gay, mantiene con mucho chino, hace reuniones con la gente en el pueblo que sabe que él es guerrillero, es experto en explosivos, lleva arto tiempo en la organización, él era muy amigo de la mujer mía y de mi…” .

Y, a su turno, en la declaración que rindió dentro de este proceso José Alexander Daza, la cual también dejó de apreciar el Tribunal, tampoco se refiere a los aspectos indicados por el juez plural, sino que simplemente se limita a describir a alias “GIOVANNY” en los siguientes términos:

“…PREGUNTADO: Descríbanos a alias GIOVANNY. CONTESTO: es más o menos de 1.66 o 1.68 de estatura, es piel blanco, amonadito, delgado, GIOVANNY duró más o menos en la organización 10 años, porque él fue miliciano y fue interno, o sea miliciano y combatiente y cuando yo llegué a la organización él estaba de combatiente y ya había pertenecido al urbano y antes de yo volarme él se fue para el urbano otra vez…” .

3.5. Como puede apreciarse, los señalamientos del comentado declarante no son armónicos entre sí, ni con los predicados con base en el testimonio de Zuleta Morales, además que tampoco concuerdan con las características físicas del aquí acusado, bastando para ello destacar un solo aspecto: según José Alexander Daza el subversivo que “se llama GIOVANNY”, o al que conoce con ese alias, tiene una edad aproximada de “22 o 23 años”, pero de acuerdo con la indagatoria del procesado y la tarjeta de preparación de su cédula de ciudadanía, éste nació el 1 de junio de 1973, lo que implica que para el momento del relato de Daza (rendido el 20 de febrero de 2003), estaba próximo a cumplir treinta (30) años de edad.

En síntesis, el ad-quem, debido a una estimación probatoria viciada, como ha quedado demostrado párrafos atrás, se equivocó al indicar que los medios de prueba unívocamente señalaban al procesado REINEL TORRES como el subversivo conocido en las filas de la respectiva organización rebelde con el alias de “GIOVANNY”, pues la apreciación fidedigna e integral de aquellos no permite arribar a esa conclusión, resultando perentorio, entonces, como lo indicó el fallador de primer grado, favorecer al prenombrado con la consecuencia impuesta por la aplicación del principio de in dubio pro reo, dado que la presunción constitucional de inocencia que lo cobija no puede ser removida con los elementos de convicción obrantes en el proceso, motivo por el que la sentencia condenatoria de segunda instancia será casada, dejando vigente el fallo absolutorio de primer grado.

Como REINEL TORRES fue capturado con posterioridad al fallo de segundo grado, con fundamento en lo aquí resuelto se le dejará en libertad inmediata e incondicional por cuenta de este proceso, para lo cual la secretaría de esta Sala enviará la respectiva boleta al centro de reclusión en el que se halla detenido, previa verificación de que no lo requiera otra autoridad.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,


RESUELVE:


1. CASAR la sentencia emitida el 25 de julio de 2007 por el Tribunal Superior de Ibagué (Tolima), con ocasión de los cargos propuestos al amparo de la causal primera, cuerpo segundo, en la demanda presentada a nombre de HERMES VALLEJO JIMÉNEZ; en consecuencia, dejar vigente el fallo ABSOLUTORIO dictado a su favor en el Juzgado Quinto Penal del Circuito de esa ciudad.

2. CASAR DE OFICIO la sentencia emitida el 25 de julio de 2007 por el Tribunal Superior de Ibagué (Tolima), de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta decisión, y en consecuencia dejar vigente el fallo ABSOLUTORIO dictado en el Juzgado Quinto Penal del Circuito de esa ciudad a favor de REINEL TORRES.

3. CONCEDER a HERMES VALLEJO JIMÉNEZ y REINEL TORRES libertad inmediata e incondicional.

Por la secretaría de esta Corporación, líbrese la respectiva boleta de libertad a favor del último de los nombrados, siempre y cuando no sea requerido por otra autoridad, y cancélese la orden de captura vigente en contra del primero.

Notifíquese, cúmplase y devuélvase al Despacho de origen.

SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ
Comisión de servicio

JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ ALFREDO GÓMEZ QUINTERO

MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE L. AUGUSTO J. IBÁÑEZ GUZMÁN

JORGE LUÍS QUINTERO MILANÊS YESID RAMÍREZ BASTIDAS

JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA JAVIER ZAPATA ORTIZ

TERESA RUIZ NÚÑEZ
Secretaria

_________________________

NOTAS PIE DE PAGINA:


Cuaderno Original 1, folios 1 a 190.
Cuaderno original 2, folios 159 a 239.
Cuaderno original 3, folios 175 a 211; cuaderno original 6, folios 202 a 247.
Cuaderno original 7, folios 20, 28 a 35, y 70 a 78, cuaderno original 8, folios 180 a 188.
Cuaderno original 9, folios 11 a 19; cuaderno original 10, folios 90 a 92; cuaderno original 11, folios 7 a 37 y 155 a 187.
Cuaderno original 12, folios 253 a 281.
Cuaderno 12, folios 162 a 179; Cuaderno del Tribunal, folios 19 a 55, 68 y 70.
Cuaderno del Tribunal, folios 88 a 116; Cuaderno de la Corte, folios 4 a 10, y 64 a 80.
Cfr. Sentencia de 29 de junio de 2005, radicación Nº 17478.
Cfr. Auto de 27 de septiembre de 2002, radicación Nº 17540.

Cfr. Sentencia de 2 de abril de 2001, radicación Nº 14536.

Cuaderno origina 1, folios 126 a 132.

Cuaderno original 6, folios 202 a 247.

Cfr. Sentencia de 8 de julio de 2004, radicación Nº 19634.
Ha de recordarse que debido a la manipulación de la prueba por parte del asistente de la Fiscalía Primera Especializada Destacada ante el Gaula Tolima, y de los dos agentes de éste organismo comisionados para recibir la declaración de esa y otros reinsertados del ELN, la Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria y les formuló a aquellos pliego de cargos.
Cuaderno original 2, folios 81 a 113.
Ídem, folios 159 a 190.
El presente asunto, tras la apertura de la investigación ordenada por la Fiscal Primera Especializada Destacada ante el Gaula Tolima, fue asignado a la Fiscal Trece Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Ibagué para dilucidar, exclusivamente, el probable delito de rebelión en el que pudieran estar incursas las personas cuya captura se dispuso en aquella ocasión (cuaderno original 2, folios 282 a 284; cuaderno original 3, folios 29 a 31), y aun cuando la funcionaria instructora, en la inspección judicial que practicó al proceso Nº 109142, constató la existencia de otra investigación contra VALLEJO JIMÉNEZ por la misma conducta punible, según hechos ocurridos en su jurisdicción, esto es, en el municipio de Villahermosa (cuaderno original 4, folios 9 a 100), no se advierte violación flagrante a la garantía de non bis in ídem, dado que no se constató con posterioridad —y en la actualidad tampoco se tiene noticia en el expediente— cuál fue la decisión definitiva adoptada en dicho tramite acerca del prenombrado.
Cuaderno del Tribunal, folio 40.
Cuaderno original 4, folios 10 a 46.
Cuaderno original 5, folios 59 a 73 y 121 a 136.
Cuaderno original 9, folios 168 a 215.
Cuaderno original 11, folios 285, 286 y 287.
Cuaderno original 12, folios 48 a 50 y 110 a 116.
Cuaderno original 12, folios 50 a 52.
Cuaderno original 9, folios 187 a 190, y Cuaderno original 11, folios 262 a 268.
Cuaderno original 5, folios 271 a 305.
Cuaderno original 9 folios 173 a 186, Cuaderno original 12, folios 97 a 99.
Cuaderno original 4, folios 20, 21, 41 y 42.
Cuaderno original 12, folios 13 a 26.
Cuaderno del Tribunal, folio 39.
Cuaderno original 8, folio 280.
Cuaderno original 3, folio 116.
Cuaderno del Tribunal, folio 45.
Cuaderno original 1, folios 174 a 181, 189 y 190.
Ídem, folio 180.
Cuaderno original 4, folios 10, 11, 47 a 50 y 71 a 82.
Cuaderno original 10, folios 167 a 173.