Transición en Colombia ante el proceso
de paz y la justicia
Texto de la
conferencia que el Alto Comisionado para la Paz dictó en la Universidad Externado.
Para entender los dilemas jurídicos del
proceso de paz y de la justicia transicional, hay que entender primero el
concepto de ‘transición’. Por eso voy a hablar de lo que sería la transición
colombiana, y luego de los dilemas de la justicia.
Pero antes quiero partir de dos premisas
básicas. La primera: que Colombia lleva casi 50 años en guerra y esa es una
situación inaceptable. La segunda: que estamos ante la mejor oportunidad en la
historia de ponerle fin. Lo digo porque llevo más de un año hablando en La Habana con las Farc y estoy
convencido de que la oportunidad es real.
Estamos entonces ante un momento de
decisiones como solo se presenta una vez en una generación. Eso no se nos puede
olvidar.
Esta oportunidad no salió de la nada. Lo
dijo el presidente Santos: los astros están alineados; y no están alienados por
arte de magia, sino porque ha habido un trabajo paciente de construcción que
puso en marcha el Presidente y que ha tenido varios pasos.
El primero fue reconocer que uno no cura
una enfermedad, ni resuelve un problema, si no llama las cosas por su nombre. Y
el nombre de este problema es ‘conflicto armado interno’. Valga decir:
conflicto con las Farc y con el Eln, y con nadie más.
El segundo, poner en primera fila a las
víctimas, con la Ley
de Víctimas. La garantía de los derechos de ellas es la base del proceso.
El tercero, crear un entorno
internacional favorable, asegurando que la región sea un soporte para la paz de
Colombia, y no un impedimento. Eso es lo que han logrado el Presidente y su
Canciller con su estrategia de impulsar la integración regional.
El cuarto, abrir un espacio
constitucional para la justicia transicional, el llamado Marco Jurídico para la Paz , al que me referiré más
adelante.
Y el quinto, armar un proceso metódico
para llegar a la paz, un proceso que tiene su centro de gravedad en la idea de
terminar el conflicto para poder pasar a una fase de construcción de la paz, es
decir a una fase de transición.
La idea de la transición se deriva del
primer punto del Acuerdo General que firmamos el pasado mes de agosto con las
Farc, que dice: “Hemos acordado: I. Iniciar
conversaciones directas e ininterrumpidas (…) con el fin de alcanzar un Acuerdo
Final para la terminación del conflicto que contribuya a la construcción de la
paz estable y duradera”. Una cosa es firmar un acuerdo que
formalmente ponga fin al conflicto, y otra es la fase posterior de construcción
de la paz.
Eso quiere decir que hasta que no se
firme ese Acuerdo Final, nada cambia en el terreno: no habrá cese del fuego y
no habrá despejes. Pero también que una vez firmemos, todo cambia, porque
entramos en esa fase de construcción de paz sin armas, sin la presión y
coerción de las armas. Entramos en la transición. Uno podría decir que ese es
el verdadero comienzo del proceso de paz, no el fin.
El fundamento de la transición serán los
acuerdos a los que lleguemos en La
Habana , en desarrollo de los puntos del Acuerdo General, que
no incluyen todos los asuntos de la vida nacional. Son cinco puntos sustantivos –más un sexto de garantías– que tienen que
ver directamente con la terminación del conflicto y que forman un ‘núcleo duro’
de problemas que hay que resolver para hacer posible la paz, independientemente
del color político o la ideología de cada quien. Todo lo demás es parte de la
contienda política que se gana con votos en democracia.
Estos puntos los ha explicado el
Presidente; hago un breve resumen.
El desarrollo agrario: el Gobierno piensa que sin una transformación profunda del sector rural
que rompa el círculo vicioso de violencia en el campo –que causa pobreza, que
alimenta más violencia– y cree un círculo virtuoso de bienestar y estabilidad,
no estaremos garantizando la no repetición del conflicto.
La participación política: todos los procesos de paz exitosos en el mundo llevan a una transformación
de los grupos armados en movimientos políticos, eso es precisamente la
transformación de un conflicto. Y la base de esa transformación son las
garantías. Garantías para los grupos: que puedan participar en igualdad de
condiciones y sin riesgos de seguridad; y garantías para la sociedad: que se
rompa para siempre el lazo entre la política y las armas, como dijo el
Presidente.
El fin del conflicto: este es un proceso para terminar. Con la firma del Acuerdo Final –como
acordamos en el Acuerdo General– comienza un proceso integral y simultáneo de
dejación de armas y reincorporación a la vida civil de las Farc, y de puesta en
marcha de garantías de seguridad.
El problema de las drogas: el proceso de paz no va a resolver el problema del crimen organizado, pero
sí puede contribuir a reducir radicalmente su expresión territorial y, sobre
todo, a sacar de la trampa de los cultivos ilícitos a decenas de miles de
colombianos.
Los derechos de las víctimas: sobre esto hablaré más adelante.
Y la implementación, verificación y
refrendación: el paso a la transición depende más que nada de la solidez del
sistema de garantías que se establezca. De nuevo: garantías para las Farc, y
garantías para la sociedad.
En sentido estricto, en La Habana no estamos
negociando estos puntos; estamos construyendo acuerdos que establezcan las
condiciones y las tareas que cada quien tendrá que cumplir para hacer posible
la construcción de la paz.
Tomemos el caso de las víctimas. El Acuerdo General contiene –por primera vez– un punto sobre las víctimas.
Pero no se trata de negociar los derechos de las víctimas. El Gobierno ha dicho insistentemente desde el año pasado que se trata más
bien de ver cómo este y las Farc van a responderles a las víctimas en sus
derechos en un escenario de fin del conflicto.
El centro de gravedad del proceso,
repito, es la idea de pasar la página para entrar a una nueva fase, una fase
que hemos llamado la Fase III
y que en realidad es la transición. El punto
entonces es quitar el conflicto y el problema de las armas del camino para
poder hacer, para poder implementar, para poder reconstruir. El propósito de la
transición es precisamente permitir la transformación y la reconstrucción.
Y si a algunos les parece fuera de lugar
el término ‘reconstrucción’, basta que se den un paseo por las escuelas
abandonadas y derruidas en el oriente antioqueño a causa del desplazamiento, o
por los pueblos míseros a orillas del Atrato, confinados tantas veces por los
grupos armados. Hay que reconstruir el campo colombiano.
*
¿En qué consiste la transición? El primer elemento de la transición es la
temporalidad. Es decir: pongámonos una meta en el tiempo –una meta de diez
años, por ejemplo– para hacer realidad todas esas cosas que se están acordando.
El segundo es la excepcionalidad. Los
efectos de 50 años de conflicto no se pueden reversar funcionando en la
normalidad. Tenemos que redoblar esfuerzos y echar mano de todo tipo de medidas
y mecanismos de excepción: medidas jurídicas, recursos extraordinarios,
instituciones nuevas en el terreno que trabajen con suficiente intensidad e
impacto para lograr las metas de la transición.
El tercer elemento –el más importante–
es la territorialidad. Permítanme decir lo siguiente: si uno lo piensa bien, en
Colombia no ha habido un verdadero proceso de paz. Ha habido procesos exitosos
en el pasado con diferentes grupos –M-19, Epl, Crs– pero no ha habido un
proceso de paz territorial, no ha habido un proceso de paz que se instale en
las regiones y logre el verdadero cierre del conflicto, que es la visión y la
obsesión del presidente Santos.
El error histórico ha sido pensar que un
proceso se trata simplemente de la desmovilización de unos grupos, sin pensar
en transformar los territorios, sin pensar en cambiar radicalmente las
condiciones en el terreno.
Cojamos el ejemplo de Urabá. En esa
región hay personas que se desmovilizaron del Epl para luego pasar por los
diferentes grupos paramilitares que con el tiempo brotaron en esa fauna –Accu,
Bananeros, Élmer Cárdenas, Héroes de Tolová– y hoy siguen dando vueltas por el
golfo y el sur de Córdoba con la etiqueta de ‘Urabeños’, dedicados al
narcotráfico.
La paz no se trata de recibir un fusil
para entregar un taxi o una panadería. Se trata, repito, de quitar las armas
del camino para poder transformar unos territorios y reconstruir el pacto
social en las regiones. Para garantizar que no vuelva a haber guerra. Y eso, a
juicio del Gobierno, se logra de dos maneras.
Una es ampliar el alcance y fortalecer
la efectividad de las instituciones en el territorio. Eso se viene haciendo de
tiempo atrás, es costoso y trabajoso, pero el ciudadano del Catatumbo, de
Arauca o del Putumayo tiene que sentir que sus derechos valen tanto para el
Gobierno como los de los habitantes de Bogotá o Medellín.
La otra es construir desde abajo,
apoyados en la fuerza y la capacidad de organización de las comunidades. En
Colombia sobran ejemplos admirables de construcción de paz desde abajo, pero
una cosa es lo que se puede hacer en medio del conflicto, y otra sin conflicto
y sin armas acosando a la población.
Eso me lleva un cuarto elemento de la
transición, que es la participación.
Como ya dije, en La Habana
estamos construyendo unos acuerdos que serán la base de la transición. Pero
esos acuerdos solo establecen el ‘qué’. Para el ‘cómo’ se van a hacer las cosas
en el terreno, con qué prioridades, no las van a decidir el Gobierno y las
Farc, eso lo va a decidir toda la ciudadanía
en las regiones, en un gran ejercicio de participación y construcción conjunta
de la paz en una fase posterior de transición.
Un ejercicio, sobra decirlo, sin armas.
Uno podría decir que para ganarse el derecho de participar en la transición hay
que dejar primero las armas. Esa es la visión que está detrás del Acuerdo
General del año pasado: se firma y comienzan simultáneamente la dejación de
armas y la implementación de lo acordado.
La construcción conjunta de la paz
requiere que abramos en las regiones nuevos espacios de participación, de
debate, de sana deliberación democrática entre personas que se tratan como
iguales en sus derechos y libertades –entre autoridades, comunidades, víctimas,
agricultores, ganaderos, empresarios, comerciantes y también excombatientes
reincorporados– para discutir cómo vamos a implementar esas cosas que se
acuerden.
Tenemos además que pensar en nuevas
formas de organización de las comunidades para sacar adelante la transición,
dentro de la actual organización político-administrativa del Estado, que no
está en discusión. Por ejemplo: si se va a desarrollar un nuevo programa de
vías, o de distritos de riego, o de pequeños acueductos para llevar agua potable,
perfectamente pueden ser las comunidades las que se organicen para priorizar,
construir, administrar y mantener esas obras, bajo la supervisión de las
autoridades municipales.
Esos espacios de deliberación
democrática pueden ser también espacios de reconciliación. No en el sentido del perdón, que es algo que le corresponde a cada quien
decidir en su propia conciencia y en su corazón, sino en el sentido de
aceptación de unas mismas reglas de juego por parte de todos, la reconciliación
en el sentido de trabajar alrededor de ese propósito común que es la
construcción de la paz en el territorio.
De lo que se trata entonces es de lograr
una verdadera movilización de la sociedad alrededor de la paz en una fase de
transición.
**
Paso ahora a la segunda parte: los
dilemas de la justicia.
La idea de la transición es también una
idea normativa: se transita hacia el cumplimiento, o el restablecimiento, o el
fortalecimiento de un orden o de unas reglas de juego, por las que se mide el
éxito mismo de la transición. Es en ese punto donde se cruzan los esfuerzos de
reconstrucción de la transición con los dilemas de la justicia.
Si la reconstrucción después de medio
siglo de conflicto tiene varias dimensiones, necesariamente la justicia –la
justicia entendida como el conjunto de principios y reglas fundamentales que
guían y limitan el comportamiento de la política y la sociedad– también las
tendrá que tener. Más dimensiones de lo que nos hemos acostumbrado a llamar
‘justicia transicional’.
Comienzo con la dimensión más práctica,
que voy a llamar el problema de la justicia territorial. Es todo lo que hay que
hacer en los territorios para restablecer y proteger los derechos de propiedad
sobre la tierra. El Gobierno ya comenzó el programa de restitución de tierras
para devolver a cada quien lo que fue suyo y el conflicto le quitó; y que en un
escenario de transición, sin conflicto, tendría un impacto mucho mayor.
De manera similar, el conflicto sirvió –como es bien sabido– para que con plata de la droga y
de todo tipo de actividades ilegales se adquirieran las mejores tierras del
país; y para que con violencia y corrupción se despojara al Estado de enormes
cantidades de baldíos.
En ambos casos se trata de reversar los
efectos del conflicto sobre el territorio y la propiedad de la tierra; y para
eso hay que utilizar mecanismos ágiles de excepción durante un tiempo limitado
de transición.
Todo este esfuerzo debe llevar además a
un fortalecimiento del alcance de la justicia y del imperio de la ley en el
territorio, que es la verdadera garantía de no repetición.
Una segunda dimensión de la justicia en
la transición, que no solemos mencionar, es la dimensión distributiva. Si le
estamos apostando a una paz territorial luego de medio siglo de conflicto, esa
paz tiene que ser inclusiva, tiene que atender las necesidades de todos. De las víctimas por supuesto, pero también de quienes sin ser víctimas
directas sufrieron los efectos de la guerra en el territorio. No nos podemos olvidar de todos aquellos que no se fueron de sus casas,
que padecieron el conflicto, que se empobrecieron con el conflicto y que
requieren una atención especial.
Tenemos que distribuir, y sobre todo tenemos que distribuir tierras; con los
bienes y capacidades para hacer uso de ellas. Para eso tendremos que hacer una
ponderación justa entre los derechos de las víctimas directas y las necesidades
de los más desposeídos en el campo.
La tercera dimensión la voy a llamar
simplemente la dimensión de la justicia transicional, en su sentido habitual:
la satisfacción de los derechos de las víctimas en una transición. Con ese fin,
el Gobierno promovió con el Congreso primero la Ley de Víctimas y luego el llamado Marco Jurídico
para la Paz. Al
respecto dos comentarios.
Primero: el
Marco exige que sea el Ejecutivo quien mediante una ley estatutaria ‘active’
ese instrumento constitucional. Eso no ha ocurrido, y no va a ocurrir mientras
que el presidente Santos no lo decida. Digo esto para resaltar que toda la
discusión actual sobre el Marco es necesariamente pura especulación. El
Gobierno no ha tomado una decisión, ni se ha presentado un proyecto.
Segundo:
dentro de toda esa especulación se usa y abusa del concepto de impunidad. La
impunidad se mide necesariamente según el grado de satisfacción de los derechos
de las víctimas. Nosotros pensamos que el error ha sido concentrarse
simplemente en los victimarios. En el centro de la atención deben estar las
víctimas, que es a lo que obliga el Marco: a dar el máximo posible de
satisfacción a sus derechos en la transición.
No voy a tratar todos los elementos del
Marco –su carácter excepcional, su constitucionalización de los derechos de las
víctimas, su propuesta de una solución global que incluya a todos quienes hayan
participado en el conflicto–, quiero solamente insistir en su aspecto central,
que es la idea de una estrategia integral.
‘Integral’ en dos sentidos: una
estrategia que integre y pondere los derechos a la verdad, la justicia y la
reparación; pero también integral en el sentido de que permita abarcar el
máximo de violaciones que se hayan cometido.
Los que insisten en lo contrario, en
pensar que se pueden investigar caso a caso las violaciones de 50 años de
guerra, francamente se están diciendo mentiras. Lo que vamos a encontrar al
final es una impunidad de facto. Sabemos ya que de esa manera nunca vamos a
llegar al fin, y que tenemos que hacerlo de una manera más inteligente.
El Gobierno ya comenzó esa tarea con la Ley de Víctimas. Pero otra
cosa es lo que se podría hacer si firmamos un Acuerdo Final. Sería una
oportunidad extraordinaria para poner en marcha esa estrategia integral en una
fase verdaderamente transicional, en una fase de cierre.
En materia de verdad, uno podría decir
que en Colombia se produce mucho conocimiento –eso lo hace todos los días el
Centro de Memoria Histórica–, pero hay más bien poco reconocimiento; y nos
falta también esclarecimiento: hay miles de familias de secuestrados y de
desaparecidos que no saben qué ocurrió con sus seres queridos. Una fase de
transición tiene que llevar necesariamente a que se les dé respuesta a esas
familias, una sociedad no puede funcionar con tantas heridas abiertas, con
tantos traumas privados.
En materia de reparación, el Gobierno ha
puesto en marcha un ambicioso programa, pero si tenemos paz en el territorio,
son otras las cosas que se pueden hacer en cuanto al reconocimiento de las
víctimas, a verdaderas garantías de no repetición, a la reconstrucción de la
confianza en las instituciones y en las normas –en las reglas de juego– que es,
como ha dicho con razón Pablo de Greiff, uno de los peores efectos de la
victimización.
Y en materia de justicia, quiero decir
lo siguiente. Lo primero: en el caso de las guerrillas que están en conflicto
con el Estado, a diferencia de los paramilitares que –curiosamente– vivían en
el anonimato judicial y solo salieron de él con Justicia y Paz, no partimos de
cero: la justicia colombiana ha sido
implacable con las Farc y con el Eln. Las
personas con las que estamos conversando en La Habana tienen docenas de
condenas y de órdenes de captura por todo tipo de delitos.
¿Cuál será el tratamiento en una fase de
transición? Eso va a depender justamente de esa estrategia integral: de un adecuado
tratamiento de los derechos de las víctimas que deberá quedar consignado en una
ley; una ley que se discutirá abierta, democrática y transparentemente. Y
dependerá también de lo que las Farc y, eventualmente, el Eln estén dispuestos
a hacer frente a sus víctimas. Si los victimarios no son sujetos activos de la
estrategia integral, no hay ninguna posibilidad de solución.
Lo que nadie puede decir es que habrá
impunidad. Lo que estamos presenciando hoy es un espectáculo en la discusión
sobre la impunidad, en unos casos de buena fe, pero en otros de una serie de
personas que yo llamaría ‘punitivistas de última hora’ que hace diez años
estaban apoyando amnistías para los grupos paramilitares y hoy quisieran ser la Inquisición.
La posición del Gobierno en ese tema es
muy sencilla: en Colombia no habrá amnistía general para estos grupos. El único camino es una estrategia integral de justicia transicional, sobre
la base de condicionalidades que garanticen la integralidad, en la que todos
van a tener que poner y que necesariamente tendrá que enmarcarse en las
obligaciones internacionales del Estado colombiano.
Esto tiene también consecuencias para
los temas de participación. Aquí hay que saber distinguir: una cosa es una
futura participación política de las Farc y, eventualmente, del Eln –como
organización, luego por supuesto de convertirse en un movimiento político en la
legalidad, para lo que no hay ningún impedimento–, y otra cosa son los
individuos, cuya participación dependerá de lo que ocurra en esos procesos de
justicia transicional. Como ha dicho el Gobierno, se decidirá caso por caso.
***
Termino con una última dimensión
jurídica de la transición: el problema de la refrendación.
Como lo ha dicho el Presidente, un
Acuerdo Final tendría un mecanismo de refrendación popular. Serán todos los
ciudadanos los que voten si aprueban o no el Acuerdo, y por eso lo que
acordemos estará siempre condicionado por ese voto. Ahí habrá una oportunidad
para que quienes están dedicados a la más aguerrida oposición al proceso
expresen su desacuerdo democráticamente, en lugar de estar desinformando
sistemáticamente a la sociedad, que es lo que están haciendo.
El instrumento jurídico para la refrendación
no se ha decidido. Pero lo que está claro es que no es una Asamblea Nacional
Constituyente. Uno no hace una Constituyente para refrendar unos acuerdos de
paz, ese no es su propósito, sino para crear un nuevo ordenamiento jurídico de
la nación. Que es lo contrario de lo que se trata este proceso: se trata más
bien de transformar la realidad para poner el último eslabón de la Constitución del 91,
de cerrar el círculo y dedicar todos los esfuerzos del Estado y de la sociedad
a materializar esa promesa de protección de los derechos fundamentales que
contiene la
Constitución.
Quiero insistir en que estamos ante una
oportunidad real, una oportunidad única, tal vez la última oportunidad de poner
fin de manera organizada y productiva al conflicto armado en Colombia.
Me preocupa que en los ambientes urbanos
a veces se banaliza la importancia de terminar el conflicto. Se dice que no
desaparecerán los narcos, que de todas maneras habrá inseguridad, que siguen
los atracos. Claramente un Acuerdo Final no pondrá fin a todos los males de la
nación. Pero nada podría ser más importante para este país que pasar la página
del conflicto, absolutamente nada.
Para eso tenemos que lograr una
verdadera movilización social en los territorios alrededor de la idea de la
construcción de la paz. Más que un acto de fe, necesitamos un acto colectivo de
imaginación de lo que sería la transición; la transición con tiempos, con metas
y con todos arremangados trabajando para un mismo propósito.
A eso le estamos apuntando, no a
conversar por conversar. El Gobierno no tiene ningún interés en pasarse el
tiempo hablando con las Farc en La Habana. Lo que queremos es llegar lo más pronto
posible a la firma del Acuerdo Final para poder entrar en esa nueva fase, que
es la preocupación diaria del presidente Santos.
Una fase de transición en la que todos
vamos a tener que poner, una fase que no va a ser fácil, que puede ser
dolorosa, pero que es la mejor opción que tenemos de encontrar un fin digno
para todos; insisto, para todos, a esta guerra de 50 años.
TOMADO DE EL TIEMPO
